El tercer informe sobre Exclusión Residencial Extrema en Tenerife, elaborado por Cáritas, señala que al menos 2.261 personas se encuentran en situación de sinhogarismo, la mayor parte localizadas en los municipios de Santa Cruz de Tenerife, con 885 personas (el 39,14% del total); La Laguna, con 331 casos (el 14,64%); Arona, con 301 individuos (el 13,31%); Adeje, con 147 casos (el 6,50%), y Puerto de la Cruz, con 113 personas (el 5%). Se confirma así una cronificación de esta vulnerabilidad severa, ya que casi cuatro de cada diez personas llevan entre uno y tres años; más del 11%, entre tres y cinco años, y el 21% superan los diez años.
El estudio fue presentado ayer en el Cabildo insular en un acto presidido por la consejera de Acción Social, Águeda Fumero, quien estuvo acompañada por el secretario general de la institución católica, Ricardo Iglesias, y el coordinador del proyecto de Unidades Móviles de Atención en Calle para personas sin Hogar (UMAC), José Antonio Díez.
Pese a que la cifra de afectados descendió un 17% en la Isla hasta los 2.261 en 2022, frente a los 2.738 del año previo, destaca que casi el 55% del total lleva menos de un año en exclusión residencial; de ellos, un 39,1% menos de seis meses, hasta el cierre del informe.
Sin embargo, la realidad es aún mayor, debido a que “hay muchas personas que sabemos que están en esa situación, pero no las podemos censar”, porque viven en cuartos de aperos, fincas privadas o infraviviendas, es decir, lo hacen en espacios privados “a los que no podemos acceder”, además de que “hay afectados que no reconocen su situación de sinhogarismo”, pese a que viven en cuevas, playas o barrancos “como opción de vida”, afirma.
Hay que recordar que un 29,1% de la población se encuentra en situación de exclusión social. De este conjunto, un 14% correspondería a situaciones de exclusión social severa, donde se puede asegurar que en un 88,8% de estos hogares la concurrencia de condiciones de vivienda insegura e inadecuada determina la situación de exclusión residencial.
Ricardo Iglesias remarcó que, pese a la aparente disminución, la realidad es que el grueso de personas en esa situación “lo sigue estando sin una respuesta institucional y un acompañamiento adecuado”. “Es una situación que viene de muy atrás”, indicó. Hay un grupo amplio que se va manteniendo en los años “sin que haya una respuesta adecuada por las administraciones”.
Esta situación se agrava por una serie de factores complejos, como la falta de acceso a servicios de vivienda asequibles, la falta de empleo y apoyo social, así como los desafíos de salud mental y adicciones. A medida que estas personas enfrentan dificultades constantes para satisfacer sus necesidades básicas, se vuelven más vulnerables.
Durante su intervención, Iglesias advirtió sobre las “dobles o triples vulnerabilidades” a las que se enfrentan las personas en exclusión residencial extrema. Al igual que en los estudios anteriores, el porcentaje de mujeres en esta situación supera el 25%, la mayor parte de las cuales son víctimas de violencia, abusos y agresiones. Por ello, desde Cáritas hablan de una doble discriminación y mayor grado de vulnerabilidad, la propiamente dicha del sinhogarismo y el hecho de ser mujer.
Además, estas se enfrentan a la violencia institucional, que se produce a través de políticas, prácticas y actitudes discriminatorias en los sistemas de ayuda y servicios sociales, como la negación de servicios básicos; la falta de acceso a refugios seguros frente a la violencia de género, al contar con problemas de salud mental o adicciones, y la falta de apoyo para salir del sinhogarismo.
Lamentó que los sistemas de atención que existen en la Isla suelen estar enfocados a la atención de varones solos o con recursos mixtos, por lo que “muchas mujeres no desean ir a los recursos mixtos para no tener que convivir con hombres en un contexto donde ellas temen experimentar violencias”, resaltó.
José Antonio Díez, coordinador de las Unidades de Atención de Calle (UMAC) y del propio informe, indicó que el 71,61% de afectados se sitúan entre los 26 y 65 años, y la edad media de las personas identificadas es de 45,6 años, en el caso de los hombres, y de 35,4, en mujeres. También alertó de que el 20,6% tiene una discapacidad certificada, en la mayor parte de casos por encima del 50%, y, por tanto, “la Administración conoce sus dificultades”.
Asimismo, recalca que “se vulnera el derecho fundamental a la salud” de las personas en situación de exclusión residencial extrema. Lamentablemente, la falta de vivienda y la inestabilidad de su situación dificultan el acceso regular a servicios de salud, lo que deriva en problemas no tratados, patologías crónicas sin control y mayor vulnerabilidad a enfermedades infecciosas. Además de la estigmatización y discriminación, se encuentran barreras como la falta de documentos de identidad, de transporte o de información sobre los servicios disponibles.
Los problemas más habituales son de salud mental, con el 25,3%, y crónicos diagnosticados, con el 44%. El 23,8% contaban con un diagnóstico de varias enfermedades, sobre todo de patología dual (una adicción y un problema de salud mental). Entre las 71 nacionalidades, los españoles representan el 62,2%, lo que supone un aumento de casi el 5% con respecto al año anterior. Solo el 11,9% son migrantes en situación irregular.
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