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Aprueban casi 4,5 millones para 78 viviendas en seis municipios de Tenerife

El Consejo de Gobierno del Cabildo da luz verde a la primera partida de subvenciones para los ayuntamientos en el marco del Plan Activa Vivienda para destinarlas a alquiler social
Vista, en primer término, del casco de San Miguel de Abona y al fondo, la zona de costa. DA

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife aprobó ayer la primera partida de subvenciones para los ayuntamientos en el marco del Plan insular Activa Vivienda, que supone una cuantía de 4,455 millones de euros que pone la Corporación insular para un total de 78 viviendas en seis municipios, según anunciaron ayer la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso.

Se trata de 23 viviendas en San Miguel de Abona (en las que el Cabildo aporta 970.649 euros, que se suman a 1,5 millones del ayuntamiento); cinco en La Guancha (con aportación integral insular de 530.000 euros); tres en Arico (con 354.977 euros del Cabildo); 15 en Buenavista del Norte (un millón, íntegramente insular); seis en El Tanque (600.000 euros); y 26 en Santa Úrsula (con un millón del Cabildo, que se suma a 1,1 millones del consistorio).

“Son viviendas ya construidas o sin terminar y que no están en el mercado. Han sido identificadas previamente por los municipios y son viviendas aptas para el uso residencial inmediato. Ahora la adjudicación corresponde a los municipios que son los que conocen mejor el perfil demandante, con el objetivo irrenunciable de que salgan en régimen de alquiler social”, detalló Lope Afonso.

El vicepresidente insular apuntó que, “de las 300 solicitudes que recibió el área, estaremos en disposición de poner este año, con el presupuesto ya consignado, más de 200 viviendas en el mercado, sin descartar que con los ajustes presupuestarios que se puedan realizar de aquí a final del ejercicio podamos incorporar alguna más, hasta el montante total de 300 viviendas que era la aspiración de este plan para 2024”.

Por otra parte, la presidenta y el vicepresidente explicaron que el Consejo de Gobierno también aprobó las bases y la convocatoria para las subvenciones directas a entidades que distribuyen y/o reparten productos de primera necesidad por un importe de 1,8 millones.

Dentro del área de Sostenibilidad, se adjudicó el contrato para la ejecución del punto limpio del Complejo Ambiental de Tenerife (Arico) por un importe de 600.000 euros, financiados con fondos Next Generation.

En Turismo, se dio luz verde al convenio de colaboración entre el Cabildo y el Ayuntamiento de Los Silos para la mejora de su oficina turística en el casco, por 78.280 euros.

Por otra parte, se aprobó la licitación del contrato del servicio de implementación de una Plataforma de Big Data y una Oficina de Gobierno del Dato para Turismo de Tenerife, con un presupuesto de 35.999 euros y 413.998 euros, respectivamente, con fondos Next Generation.

Tasa espacios naturales

En cuanto a la tasa para el acceso a los espacios naturales protegidos de la Isla, aprobada por el último pleno del Cabildo para su entrada en vigor en 2025, consultados sobre cómo va a ser el proceso, la presidenta insular explicó que “ya están trabajando los equipos de las áreas de Medio Natural y Turismo y se ha querido sumar la ULL, y tenemos una herramienta, que es el Consorcio de Tributos, que puede también contribuir a la ejecución de esta actuación”, por lo que descartó que se fuese a crear ninguna empresa pública para su gestión.

Por su parte, Lope Afonso añadió que “los hitos iniciales deben de ser el estudio jurídico y económico que fundamenten lo que va a ser la ordenanza fiscal que regule la prestación de estos servicios y la forma de recaudarlo”. “El cauce para aprobar una ordenanza de estas características ya lo marca la ley y, a partir de ahí, el trabajo que defina los servicios que se incorporen, la forma de aplicarlo, saldrá de ese grupo de trabajo técnico-científico que nos asesore”, añadió.

Rosa Dávila recordó que la tasa “se aplicará solo a los turistas que visitan esos espacios” y no a los residentes en la Isla, y apuntó que “no solamente se trata de cobrar, sino también de poder establecer una capacidad de carga en esos espacios naturales”.

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