El reciente anuncio del Gobierno de Canarias dando inicio al trámite de revocación del catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas en Santa Cruz de Tenerife, documento que fue aprobado por el anterior Ejecutivo cuatripartito y progresista y que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recurrió ante la Justicia en 2023 por hacer solo referencia a la ciudad y no al resto de municipios, ha abierto un enfrentamiento político en torno a la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, advirtió ayer de que, si las comunidades autónomas no quieren desarrollar la ley de Memoria Democrática o el catálogo de vestigios franquistas, “lo hará el Gobierno central” y mostró su sorpresa de que el Ejecutivo canario “haga lo que le pide” el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), y revoque el catálogo de símbolos de la dictadura.
Torres cuestionó, en una entrevista concedida a Televisión Canaria y que difundió en sus redes sociales, que “¿se está o no se está por eliminar los vestigios que simbolizaban la vanagloria y el enaltecimiento de la dictadura? y anunció que este mes habrá una reunión sectorial con todas las comunidades para cerrar las aportaciones económicas para hacer las exhumaciones. “Si hay comunidades que no quieren desarrollar la ley ni culminar los catálogos de vestigios franquistas, si no quieren caminar” con dicha norma lo hará el Gobierno de España”, sentenció.
Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, respondió al ministro que el Ejecutivo autonómico tiene “la firme voluntad” de cumplir la Ley de Memoria Democrática y garantizó que Canarias “va a cumplir la ley, que no quepa la menor duda”.
Sin embargo, Clavijo subrayó que “la realidad”, en el caso del catálogo de vestigios franquistas en Canarias elaborado en la anterior gobierno regional, “un ayuntamiento”, en concreto el de Santa Cruz, “no estaba conforme” con su contenido, “recurrió y ganó en los tribunales”. Lo cual, continuó el presidente “implica la revisión” del catálogo.
“Sería ideal no cargar las tintas (…) porque, al final, cuando se intenta hacer catálogos donde el criterio racional, patrimonial, no prevalece sino que prevalecen otros criterios… cuando las cosas se hacen mal, los tribunales tienen que aplicar la ley, que fue lo que ocurrió en este caso”, deslizó Clavijo.
Añadió que, “desgraciadamente, nos hemos encontrado con algunos reveses judiciales, en los últimos meses, que tienen mucho que ver con no haber no hecho las cosas adecuadas a derecho”, y puso como ejemplo el proyecto del túnel de Erjos y “otros asuntos que afectan al día a día de ciudadanos y las indemnizaciones que vamos a tener que afrontar”.
Mientras, el viceconsejero canario de Cultura, Horacio Umpiérrez, anunció que el Gobierno elaborará un catálogo de vestigios franquistas único para todos los municipios de Canarias, tras derogar el actual, que consideró “parcializado” por motivos políticos.
Al respecto, Umpiérrez precisó que el citado catálogo, elaborado por el anterior equipo de la consejería de Educación y Cultura y que afectaba exclusivamente a Santa Cruz de Tenerife, está inconcluso porque quedan partes por entregar a la comisión de memoria histórica de Canarias. Recordó que este documento ha sido objeto de cuatro denuncias, una del Ayuntamiento chicharrero y otras de asociaciones que recurrieron al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que acordó la suspensión cautelar del catálogo.
El catálogo franquista aprobado por el anterior Gobierno recoge, en 3.000 folios, monumentos, esculturas, escudos, inscripciones y lápidas, denominaciones de calles, y honores y distinciones que glorifican a figuras del régimen franquista.
En el único municipio contemplado en el documento, Santa Cruz de Tenerife, se exigía que tenían que ser retirados de la ciudad, entre otras, el mercado Nuestra Señora de África-Puente General Serrador (1943); el monumento a los Caídos (1947); el monumento a Franco (1966); el busto a Joaquín Amigó de Lara (1986); las placas del Instituto Nacional de la Vivienda (1957); así como nueve calles y tres denominaciones de barrios.
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