Unas 35.000 personas, en riesgo de exclusión social en Santa Cruz

Entre 30.000 y 35.000 personas se encuentran en situación de vulnerabilidad social en Santa Cruz de Tenerife, según los cálculos realizados por el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS). Una elevada cifra que, según especifica el organismo, se origina teniendo en cuenta que en cada unidad familiar existe de media entre dos y tres miembros. Asimismo, en cuanto a personas en situación de pobreza o de exclusión social, las unidades de Trabajo Social del IMAS atendieron en 2023 a un total de 14.012 personas (9.395 mujeres y 4.208 hombres), donde en la mayoría de los casos existía un núcleo familiar.

La radiografía de la pobreza en la capital chicharrera ha sido dada a conocer por la presidenta del IMAS, Charín González, en el pleno municipal celebrado el pasado viernes, en respuesta a una pregunta formulada por el concejal no adscrito, Juan Manuel Hermoso, respecto a la vulnerabilidad social y al número de personas que han pedido ayuda para la vivienda en el municipio.

Al respecto, la edil informó de que “entre el 1 de enero y el 21 de mayo de 2024 se han incoado 962 expedientes relativos a solicitudes de vivienda, de las que se han gestionado 762, de ellas 558 son relativas a prestaciones para el arrendamiento, 91 sobre créditos hipotecarios y 109 sobre ayudas para gastos de la comunidad de propietarios”.

Problemática de acceso a la vivienda que también fue objeto de otra pregunta por parte del concejal Juan Manuel Hermoso, a la edil delegada de Viviendas Municipales, Ana Belén Mesa, a quien cuestionó sobre cuántas personas están a la espera de una casa y, de éstas, cuántas en riesgo de pobreza en Santa Cruz.

Mesa respondió que actualmente el número de demandantes de vivienda protegida asciende a 2.224 personas en régimen de arrendamiento y a 21, en el de la propiedad. En cuanto al riesgo de exclusión social, añadió que “la información disponible en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias no permite determinar esta cifra entre las unidades familiares inscritas”.

Una situación a la que se suman los datos de desahucios de familias, de los que la presidenta del IMAS también indicó que se han gestionado 74 declaraciones de vulnerabilidad en el primer trimestre del año, expedientes que se envían al juzgado para frenar el lanzamiento y, de los que dijo, se han parado 59.