Una voz tan autorizada como es el tribunal de la sección segunda de la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) lo ha dejado bien claro en un auto dictado el pasado día 2: si no hubiera prosperado el recurso de la Asociación de vecinos Urban Centro Perenquén para la suspensión cautelar de parte del articulado de una ordenanza de la concejalía de Movilidad de Santa Cruz de Tenerife para limitar el acceso del tráfico rodado a la capital por motivos medioambientales, el consistorio estaba expuesto a “una cantidad potencialmente elevada de pleitos”. Y lo que es más importante, todo ello “con riesgo para las arcas públicas”, o sea el bolsillo de la ciudadanía, porque son miles los vecinos que tendrían que pagar por una tarjeta justificante para sus coches, lo que no pocos de ellos ya han hecho.
El párrafo de dicho auto no deja lugar a dudas: “Si la sentencia definitiva fuere, en esta hipótesis [que no hubiera aceptado el TSJC la suspensión cautelar] estimaria del recurso [de Perenquén] y, por tanto, anulase los preceptos recurridos de la ordenanza, se abriría la posibilidad de los ciudadanos que hubiesen sido damnificados de reclamar responsabilidad patrimonial al ayuntamiento por disposición anulada, exponiéndole a una cantidad potencialmente elevada de pleitos, con riesgo para las arcas públicas”.
Como es preceptivo en el ordenamiento jurídico vigente, el TSJC no entra en el fondo del asunto; o sea, dilucidar si la ordenanza en cuestión (por otra parte, de tal loable fin como preservar la salud pública de los vecinos) se ajusta a Derecho, sino que procede a su suspensión cautelar por los errores cometidos a la hora de tramitarla, por cuanto la concejalía, cuya dirección ahora recae en Evelyn Alonso (la tránsfuga ex de Cs que, durante el anterior mandato, facilitó una moción de censura contra la socialista Patricia Hernández), no hizo los deberes correctamente, dado que la decisión del TSJC se sustenta en “la falta de justificación suficiente por parte del ayuntamiento de que, en la tramitación de la norma reglamentaria, se han emitido todos los informes preceptivos”.
Son de justicia dos menciones: cuando se aprobó en pleno la ordenanza, fueron advertidos durante esa sesión por la líder de la oposición, Patricia Hernández (PSOE), acerca de sus carencias. Y por mucho que ahora responda Afonso, los errores de Movilidad se remontan a mucho antes de que fuera la concejala de dicho departamento, por cuanto este mismo auto recuerda que, ya en 2020, tuvo que suspender el TSJC otra de sus ordenanzas.
Todo apunta a que, por mucho que solo se haya suspendido parte de su articulado, habrá que rehacer toda la ordenanza en virtud de dicho fallo.
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