La declaración de emergencia hídrica, a información pública

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó ayer el anuncio del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf), organismo autónomo adscrito al Cabildo, por el que se somete a información pública el procedimiento de declaración de emergencia hídrica en la Isla junto al documento técnico elaborado con más de 70 medidas en toda la Isla para dar respuesta a las diferentes necesidades, en base a las aportaciones recogidas de los ayuntamientos, Balsas de Tenerife (Balten) y los titulares de expedientes de las desaladoras.

Con la publicación de este anuncio, se abre, desde hoy, un periodo de información pública de cinco días hábiles a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda formular alegaciones. Una vez transcurra dicho plazo, si no hay alegaciones, la presidenta del Cabildo firmará el decreto para la entrada en vigor de la declaración, y si las hubiese, habría que estudiarlas y contestarlas primero, explicaron desde el Cabildo.

La publicación en el BOC recoge que la Gerencia del Ciatf ha propuesto que se declare esta emergencia por un plazo de seis meses, prorrogables conforme a la ley, y que dicha declaración “conllevará implícita la declaración de utilidad pública o interés social y cumplido el trámite de la ocupación, siempre que para la adopción de las medidas sea precisa la expropiación de bienes o derechos”.

Asimismo, el Ciatf ha elaborado un documento técnico con más de 70 medidas, con 15 generales para la Isla y otras 60 divididas por demarcaciones hidrográficas: Isla Baja, Ycoden, Valle de la Orotava, Acentejo, Noreste y Zona Metropolitana, Valle de Güímar, Abona, Vilaflor de Chasna y Oeste.

En cuanto a las actuaciones generales, se requiere a todos los ayuntamientos “la adopción de medidas de gestión de la demanda destinadas a adecuar el consumo hídrico a sus disponibilidades hídricas”, a “la justificación de que se encuentran en porcentajes de aguas no facturadas inferiores al 20% o, en caso contrario, la adopción de un programa de medidas”, y al “incremento en el porcentaje de recogida de aguas residuales”.

También se propone a los ayuntamientos “la diferenciación tarifaria para el uso turístico en red, incluidas las viviendas vacacionales”, y se insta a aquellos con servicio de abastecimiento en gestión directa “a que ejecuten medidas para la reducción de pérdidas”.
Asimismo, se solicita en concreto “a los ayuntamientos de Buenavista del Norte, El Tanque, La Guancha, San Juan de la Rambla, Los Realejos, Santa Úrsula, La Victoria de Acentejo, La Matanza de Acentejo y Vilaflor la revisión de sus tasas de abastecimiento para adecuar la demanda a la situación hídrica y transmitir incentivos para un uso adecuado”.

Entre las medidas, está también la tramitación de urgencia por razones de interés público de aquellos expedientes relacionados con la captación y/o producción de agua; así como la creación de una Comisión de Seguimiento de la Emergencia Hídrica.

Además, se insta a la empresa gestora de la distribución energética en Tenerife a priorizar y agilizar los trámites relacionados y se requiere a Balsas de Tenerife (Balten) la adopción de medidas de gestión de la demanda destinadas a adecuar la demanda prevista en cada comarca a sus disponibilidades hídricas, así como que las administraciones con competencias sobre el sector agrícola implementen planes de gestión de la demanda.

Demarcaciones

Por demarcaciones, de forma general, se recoge actuaciones concretas en todas para mejorar infraestructuras y se impone a varias de ellas que todos los servicios municipales de agua utilicen “aguas de producción industrial, cuando la misma se encuentre disponible, así como la puesta a disposición del Ciatf de los recursos convencionales sustituidos para su asignación”.

Se plantea también a ayuntamientos como los de la Isla Baja, Icod, La Guancha y San Juan de la Rambla, “la mancomunación de los servicios de abastecimiento y saneamiento y su gestión por empresa especialista”.

Además, se plantea “la puesta a disposición por parte de los titulares de las autorizaciones de las desaladoras de Buenavista Golf, La Monja y Rural Teno, de la capacidad ociosa de sus plantas para su asignación por parte del Ciatf a los usos deficitarios”, en la Isla Baja, así como por parte de Loro Parque o de la planta de la refinería de Cepsa, entre otros titulares por toda la Isla.

También se analizará la viabilidad de instalar una desaladora provisional en Puerto de la Cruz y se insta a Balten a instalar otra en el Valle de Güímar.

En el caso del área metropolitana, entre varias medidas, se insta al Ayuntamiento de Santa Cruz a ampliar su capacidad de desalinización “y autorizar, exclusivamente para el abastecimiento urbano y mientras dure la declaración de emergencia, incrementos debidamente justificados en cada caso del caudal explotado en régimen concesional en los pozos El Cubo, Las Canteras y Los Baldíos”.

También se analizará la viabilidad de módulos de desalación de agua de mar en la costa de La Laguna o Tacoronte.