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El alcalde de Santa Úrsula, dispuesto a permitir un centro de menores migrantes si cumple la ley

Frente a la minoritaria movilización vecinal promovida en abril por Vox ante la posibilidad de abrirlo en un antiguo gimnasio, Juan Acosta se muestra a favor del recurso
Un grupo de menores acogidos en el Puerto de la Cruz pasea el pasado martes por el muelle, lugar al que suelen acudir sin que pase nada, aunque, a veces, algún impresentable les increpa o hace comentarios claramente xenófobos. Álvaro Morales
Un grupo de menores acogidos en el Puerto de la Cruz pasea el pasado martes por el muelle, lugar al que suelen acudir sin que pase nada, aunque, a veces, algún impresentable les increpa o hace comentarios claramente xenófobos.

No más especulaciones, no más dobleces, las cosas claras o, al menos, unas manifestaciones contundentes que despejan las muchas dudas surgidas hace tiempo. Es lo que hace el alcalde de Santa Úrsula, Juan Acosta (que logró una nueva y aplastante mayoría absoluta para CC en mayo de 2023), en declaraciones a DIARIO DE AVISOS sobre si, más allá de un informe (existente, aunque aún no difundido), de disquisiciones técnicas o legales o, incluso, de cualquier lectura retorcida sobre si le mueve el miedo a la reacción vecinal y a las consecuencias electorales, es favorable a que su municipio acoja a menores migrantes no acompañados en un centro adecuado para ello, por muchas protestas xenófobas y minoritarias que se den.

Según subraya a este periódico, “y como no puede ser de otra manera”, es partidario de un recurso así en su localidad siempre que, como es lógico (y no tanto en las circunstancias actuales en Canarias y ante la insolidaridad de tantas comunidades de PP y Vox), cumpla con la ley y cuente con todos los requisitos, informes y exigencias jurídicas preceptivas.

Más allá, incluso, de si es ético, estético y hasta presentable argumentar a fondo la falta de habitabilidad o la condición de suelo residencial de un sótano o semisótano (bajo rasante) de un gimnasio en un edifico moderno para albergar a personas en pleno casco de un municipio, en parte, “dormitorio” como Santa Úrsula cuando hay una emergencia humanitaria y se anuncian carpas en muelles provisionales (¿lo cumple el centro de Las Raíces y otros?), más allá de algo así tras un pacto en la UE entre conservadores, socialistas, liberales y gran parte de la izquierda alternativa para que las regiones y países fronterizos no afronten solos los imparables flujos migratorios (porque se mueren de hambre y guerras), más allá de todo esto, Acosta es categórico: “Si hubiera un inmueble que contara con todos los requisitos legales para la apertura de un centro de menores no acompañados y obtuviera los preceptivos informes técnicos y jurídicos favorables por parte de todas las administraciones competentes, cumpliendo con la legalidad vigente, como no puede ser de otra manera, el gobierno local otorgaría la preceptiva licencia urbanística”.

Por supuesto, y refiriéndose a la polémica por el gimnasio en el que la ONG Quorum Social 77 pretendía albergar a un centenar de menores, también es claro respecto a las exigencias legales. “Lo que no se puede, ni debe, es ir a hechos consumados, sin contar con las preceptivas licencias o autorizaciones de los organismos competentes, montando una instalación de este tipo en un inmueble que no cumpla con los requisitos necesarios y que no pueda, por tanto, ser acreedor de la preceptiva licencia”.

“Debemos tener muy presente -añade- que, independientemente del origen de los menores, sean nacionales o extranjeros, cualquier administración pública deberá velar por que estén alojados de la manera más segura posible, cumpliendo con las medidas de aforo, ocupación, salubridad y seguridad en general que nuestro ordenamiento jurídico dispone”.

Preguntado sobre si, en caso de que hubiera rechazo vecinal, cuál sería su postura, continúa con su claridad: “La posición del gobierno local siempre ha sido y seguirá siendo la de cumplir con el marco legal y los derechos humanos, máxime en una cuestión tan sensible como es lo relacionado con el bienestar de las personas, independientemente de su origen. En conclusión: el Ayuntamiento de Santa Úrsula es una institución solidaria, consciente de la realidad que vivimos en las Islas y comprometida en buscar alternativas para la actual crisis migratoria, asegurando siempre el cumplimiento de las normas que garanticen el bienestar de las personas que sufren esta emergencia humanitaria”.

Acosta zanja así los comentarios surgidos desde que, en abril, Vox, algunos vecinos y una asociación lagunera convocaron una protesta contra la reconversión del gimnasio en centro de migrantes, concentración muy poco seguida y que, por tanto, fracasó, por mucho ruido que sigan haciendo en redes. No obstante, y las recientes manifestaciones de la edil local de Vox lo demuestran, su constante recurso a la mentira, a la alarma injustificada, su apelación y vinculación de menores con inseguridad y criminalidad y, en el fondo, su claro mensaje racista (nada acorde con el cristianismo que tanto dicen profesar algunos de estos colectivos) hacen mucho daño en una sociedad que asiste en buena parte impotente (y seguirá haciéndolo porque los flujos migratorios suponen un fenómeno global que irá a más) a la llegada de cayucos y pateras, a las muertes en el Atlántico y a la incomprensión e insolidaridad de otras comunidades por las derechas.

El contraste

Una insolidaridad que, en contraste, no muestran municipios colindantes o cercanos, como La Orotava, Puerto de la Cruz o Tacoronte. La Villa (CC), por ejemplo, y por supuesto que hay de todo en todos lados y gente que se opone y se queja, es una localidad sociopolíticamente similar a Santa Úrsula (la izquierda nunca ha gobernado y tiene una representación bastante menor que en otros sitios -en Santa Úrsula, solo cogobernó el único edil del PSOE de 2011 a 2015 para darle la alcaldía precisamente al PP y romper así con el sempiterno gobierno de AISU-CC). Sin embargo, La Orotava acoge desde hace tiempo a menores nada menos que en tres sitios (en pleno casco y en una urbanización de cierto nivel económico) sin que, tal y como confirman fuentes del gobierno a DIARIO DE AVISOS, nunca se haya producido un incidente reseñable.

Claro que hay quien no lo ve, que no quiere un centro cerca de su casa, que cree incluso que su vivienda se devalúa, que habla de inseguridad sin pruebas o que, olvidándose de sus golpes de pecho dominicales en favor de la paz y concordia mundial en nombre de algún dios, simplemente no admite su racismo (los otros son negros y pobres), salvo algunos que sí van de frente.

Tacoronte también tiene centro y pasa igual, así como en el Puerto de la Cruz, donde los menores pasean a diario por el muelle, Playa Jardín, plaza del Charco y otros sitios en los que, al igual que se dan muestras de racismo bochornoso (como la de ese “despistado” capaz de llevar una camisa con el Che y decirle a los chicos que él sabe “la mano de pintura que les daría”), también hay tremendas muestras de solidaridad. Es más, el gobierno local confirma que tampoco consta ningún hecho destacable negativo, por mucho que se siga mintiendo, exagerando o manipulando en muchos ámbitos.

Aunque sea desde sus premisas legales, Acosta aclara por fin que su gobierno acepta un centro de migrantes y no actúa por temor a la reacción de algunos.

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