El exconsejero insular de Agricultura Wladimiro Rodríguez Brito considera un “escándalo” que existan pérdidas de agua en las conducciones públicas de abasto de Tenerife de hasta el 60% en algunos municipios desde “hace años” y se pregunta cómo, después de tanto tiempo con este problema, “nadie se pone colorado en las campañas electorales”.
El exresponsable de Agricultura del Cabildo tinerfeño, doctor en Geografía por la ULL, se suma a las voces críticas que han surgido en los últimos días por parte de las organizaciones profesionales agrarias que exigen a las administraciones aumentar las inspecciones y mejorar el mantenimiento de las redes de distribución, sobre todo municipales, que, en muchos casos, se encuentran en mal estado, con obstrucciones y fugas, lo que provoca que se pierda un importante caudal de agua.
SEQUÍA CULTURAL
Rodríguez Brito manifestó ayer a DIARIO DE AVISOS que, actualmente, existe una “sequía física”, que padecen las Islas desde hace una década, y otra “cultural”, ligada a los canales y comunidades, que, a su juicio, “se ha venido abajo”. “La cultura del agua se ha perdido”, enfatiza.
En opinión de este experto, el problema actual de la emergencia hídrica de Tenerife se debe debatir en un triple escenario: el económico, el ecológico y el cultural. Además, reclama que “la sequía entre en los colegios”, para generar conciencia entre los alumnos a través de los planes de estudios, y también en el conjunto de la sociedad civil, con campañas informativas institucionales permanentes que fomenten el ahorro de agua.
El Cabildo tinerfeño, que ha anunciado la elaboración de un plan, en colaboración con los ayuntamientos, para minimizar las pérdidas en las redes municipales, ha convocado para el próximo martes la primera reunión de la Mesa de la Sequía, una de las medidas contempladas en la declaración de emergencia hídrica, activada por la institución insular el 29 de mayo.
Este foro, que se reunirá, en principio, una vez al mes para hacer un seguimiento de la situación, está conformado por representantes de los ayuntamientos de la Isla, los consorcios, empresas públicas, entidades concesionarias o titulares de aprovechamientos, organizaciones agrarias, empresariales y sindicales, además del Gobierno de Canarias y del propio Cabildo tinerfeño.
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