Patricia Ramírez, Premio Taburiente de DIARIO DE AVISOS a los Valores Humanos, la madre del niño Gabriel Cruz, que fue asesinado por la que fuera novia del padre del menor, Ana Julia Quezada, pidió ayer ante la Comisión de Justicia e Interior del Senado un pacto de Estado para blindar a todas las víctimas de violencia. Además, anunció que la productora de la docuserie que se rodaba sobre el asesinato de su hijo le ha manifestado su voluntad “de parar esta producción”.
“Si sale, nos va a hacer un daño público, porque seguramente vuelva a estar en todas las tertulias de las mañanas o de las tardes, en los cafés de muchas personas, que sin querer entienden nuestro caso como espectáculo, que piensan que somos actores, pero esto es nuestra vida”, recalcó Ramírez.
Asimismo, instó a “aprender, en medios y en redes sociales, a consumir sucesos” de forma responsable, según informó Europa Press. “El consumo de la violencia no puede ser una violencia. No puede ser morbo y espectáculo”, dijo, para después solicitar “una verdadera implementación” del Estatuto de la víctima y su modificación y adaptación” para personas como ella, que se les ampare con justicia gratuita, que “los fiscales, ya que son pocos casos, actúen de oficio y con diligencia, disminuyéndose esa revictimización y esa victimización secundaria”, y que “lo doten económicamente”.
Así lo dio a conocer Patricia Ramírez durante su comparecencia ante la Comisión de Interior del Senado a petición propia, donde explicó las supuestas “irregularidades” que se estarían dando dentro de la prisión de Brieva (Ávila) con la condenada por el asesinato de su hijo y “la intención espuria de la misma de realizar un documental o serie televisiva sobre el caso”.
Patricia Ramírez explicó que, “gracias a la mediación de la Guardia Civil”, que le propuso a la productora que la llamaran, habló con la compañía y su dueña le “manifestó la voluntad de parar esta producción”. De hecho, la madre de Gabriel la invitó a que se lo mandara por escrito y ella se “olvidaba de tres años de miedo” y retiraba las acciones legales contra la empresa.
No obstante, en declaraciones a la prensa tras su comparecencia en la Cámara Alta, indicó que no considera una “victoria” el hecho de que se hayan comprometido a paralizar el documental, dado que hay otras empresas interesadas en el caso. “Espero que si nos están escuchando, hagan lo mismo que la primera y me pueda ir a descansar tranquilamente”, añadió.
En su comparecencia, la madre del niño Gabriel reclamó a los senadores un pacto de Estado, ya que es “un asunto de especial trascendencia”, porque “puede afectar a cualquiera” y “no tiene nada que ver” con la política o lo que “cada partido represente”. “Son derechos humanos que creo que cada ideología los tiene en común”, defendió.
LA ESTELA DE LA LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Ramírez argumentó que el último pacto de Estado fue el de 2017 contra la violencia de género, que ha permitido que se “desarrollen aún más las leyes” en esta materia, así como “una cohesión social tremenda, lo que hoy permite que nadie pueda publicar determinados titulares, que nadie pueda volver a victimizar o culpabilizar a las víctimas de maltrato, que tengan los servicios y las asistencias que merecen, aunque quede mucho camino por delante”.
La madre de Gabriel solicitó también a los senadores presentes que lo que se pactó en materia de violencia de género “se traslade a cualquier víctima de violencia” de especial gravedad como agresiones sexuales, pederastia, violaciones o asesinatos, “pero no solo por parte de hombres”; un pacto contra la violencia y la revictimización de las víctimas “en cualquiera de sus manifestaciones, física, verbal y mediática”. Además, Ramírez exigió más recursos para la asistencia psicológica. “Nada nos va a arreglar ver a un psicólogo de la Seguridad Social cada dos meses, porque en medio, si no me asisten, lo mismo, perdónenme, yo ya me he tirado por la ventana”, advirtió.
Por otro lado, dentro de este pacto de Estado, Patricia Ramírez quiere que un preso condenado por delitos violentos de especial gravedad “no pueda jamás realizar ni un documental, ni una serie televisiva, ni un libro”, y que se controlen las comunicaciones de estos “si resultan dañinas para las víctimas”.
“Por último, en este pasto de Estado, muy encarecidamente, y me van a perdonar porque quizás es el punto más duro, pido a nivel político que no se politice a las víctimas”, enfatizó Ramírez, quien cursa estudios de criminología y psicología.
En una larga intervención de más de una hora, Ramírez anunció que va a interponer querella contra Ana Julia Quezada y, de forma subsidiaria, contra instituciones penitenciarias por haber intentado grabar un documental, “de forma espuria”, utilizando unas comunicaciones “que no son adecuadas para eso y con un ánimo de lucro”. “Sabemos que se ha valido de medios como teléfonos móviles y ayudas de funcionarios para conseguirlo”, detalló, al tiempo que añadió que les está “dañando” y “origina lesiones”.
Denuncia por “hechos penales”
En segundo lugar, la madre de Gabriel Cruz indicó que mañana s interpondrá una denuncia ante la Guardia Civil por “una serie de hechos penales de gravedad que están aconteciendo en la prisión de Ávila”. Ramírez critica la falta de información que tiene y ha tenido durante todo el caso, así como que Ana Julia Quezada disponga, a su juicio, de más derechos que ellos, las víctimas de su horrendo crimen.
Ramírez reconoce que “las leyes no son matemáticas”, pero “los que las interpretan tienen que entender que si esta mujer tenía derecho”, ellos también. “A diferencia de que nosotros no hemos matado a nadie, ni hemos lesionado, ni hemos atacado la integridad ni física ni moral de absolutamente nadie. Por tanto, sus derechos no pueden prevalecer por encima de los nuestros”, zanjó durante su alocución.
“Yo me quiero volver a retirar a la intimidad, no tengo ningún afán de salir públicamente más y solo les pido que, si me pueden ayudar para que así lo pueda hacer y para que mi pequeño pueda estar orgulloso de mí, porque vea que me cuido y empiezo a construir sin piedras en el camino, se lo agradezco soberanamente”, subrayó Ramírez visiblemente emocionada y aplaudida por los senadores, que le respaldaron y cogieron el guante de sus peticiones. La madre de El Pescaíto’ entregó a los parlamentarios unos pececitos en agradecimiento y recuerdo del pequeño Gabriel.
Por su parte, la senadora de Más Madrid Carla Antonelli dijo que espera que “este nuevo ejercicio de coraje de madre” también “sirva para llevar a buen puerto” ese pacto de Estado porque “no es una cuestión de ideología, sino de derechos humanos”.
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