Era suficiente la inicial lectura del protocolo previsto para la acogida de los menores migrantes no acompañados que publicó la semana pasada el Gobierno de Canarias para intuir que su fiscalización por parte de los tribunales de Justicia iba a resultar un tránsito cuanto menos complicado, pero que la Fiscalía General de Canarias tardase apenas 24 horas en mostrar las posibles carencias jurídicas del mismo multiplicó tales sospechas.
Ahora, es el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el que confirma las dudas jurídicas al respecto, si bien es menester explicar que la decisión adoptada ayer por la sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal Canario, por la que queda sin efecto transitoriamente este protocolo, se adopta en función de las llamadas medidas cautelarísimas, previstas para casos como el que nos ocupa donde -sin escuchar los motivos de parte- se pretende evitar consecuencias no deseadas en caso de entrar en vigor sin entrar a conocer si el fondo se atiene a Derecho.
Presión política
El TSJC dictó ayer un auto por el que dejó sin efectos jurídicos el nuevo protocolo sobre menores migrantes no acompañados que publicó el Gobierno de Canarias en el Boletín Oficial de la Comunidad autónoma tras el fracaso político acaecido el pasado julio, cuando el PP y Junts decidieron con sus votos que el Congreso de los Diputados ni siquiera tomasen en consideración la reforma de la Ley de Extranjería pactada entre el Gobierno de España y el de Canarias para poner fin a la evidente insolidaridad demostrada por la gran mayoría de las comunidades autónomas peninsulares respecto a la crisis humanitaria que se sufre en el Archipiélago y en Ceuta por la causa que nos ocupa.
En el auto, se explica a los servicios jurídicos de la Comunidad autónoma que la ausencia de un plazo específico para la entrada en vigor del protocolo, razón que ya se entiende como suficiente de por sí para aceptar las cautelarísimas solicitadas por parte de la Fiscalía de Canarias.
Aun así, la suspensión de efectos decretada ayer se hubiera adoptado de cualquier forma al antender la sala que “tan relevante alteración del actual marco normativo aconseja en este trance el mantenimiento del actual statu quo, finalidad conservativa que, por otro lado, es la prototípica que las medidas cautelares miran a satisfacer”.
No cabe perder de vista, en efecto, la repercusión que es susceptible de desplegar la aplicación del protocolo sobre un colectivo tan especialmente sensible y vulnerable como el de los menores, al que van dirigidas las actuaciones contempladas en el texto.
Alegaciones
Tras conocerse la decisión del Tribunal Superior, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello (CC), señaló ayer que acatan la decisión judicial porque “suspende la aplicación del protocolo de manera razonable”, a la par que avanzó que presentarán las alegaciones necesarias y que consideren oportunas, en un plazo de tres días, según estipula el propio auto para tratar de explicar los argumentos con los que cuenta la comunidad para llevarlo a efecto.
Hasta los magistrados reclaman a los políticos que pacten de una vez
Abogados, sindicatos, cabildos… La lista de colectivos sociales, sean públicos o privados, no deja de crecer a la hora de reclamar a los políticos que acuerden, de una vez, medidas efectivas para hacer frente a la crisis humanitaria que se padece en Canarias por mor de la llamada ruta atlántica de migración desde África, que solo en lo que va de año se ha cobrado una media de 100 vidas al mes de enero a julio pasado. Ayer, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Canarias se sumaron a dichos colectivos aprovechando el auto por el que se suspende cautelarmente el nuevo protocolo canario para atender a los menores no acompañados.
Justo en su último párrafo y en un documento cuyo ponente fue el magistrado José Suay, desde el TSJC “tampoco está de más señalar, la búsqueda de espacios de encuentro que propicien el logro de actuaciones coordinadas en el marco de un clima de lealtad y colaboración institucional que se antoja indispensable para abordar el fenómeno de la inmigración irregular y su singularísimo impacto que tiene en el ámbito de la comunidad de Canarias”.
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