La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado (CC), aseguró ayer en el Parlamento regional que las medidas adoptadas por su departamento están permitiendo “reducir” la lista de espera para el reconocimiento del grado de discapacidad. Esta comparecencia se produjo una semana después de que la Diputación del Común anunciara la apertura de una investigación de oficio por las demoras de más de cuatro años para su reconocimiento, cuando el plazo legal se fijó en un máximo de seis meses.
Sin ofrecer cifras, Delgado aseguró que “las medidas comienzan a ser efectivas, aunque queda mucho trabajo por hacer” porque, en los últimos meses, se ha logrado que el número de evaluaciones realizado sea superior a la entrada de nuevas solicitudes, lo que supone “una reducción de las listas de espera” en las Islas no capitalinas y, “por primera vez en años”, también se ha reducido la espera en Tenerife y Gran Canaria.
Delgado insistió en que los retrasos en la evaluación “no es algo nuevo”, pero ahora se está haciendo un gran esfuerzo en la contratación de personal, no sólo cubriendo las 20 plazas que estaban vacantes, sino creando contratos-programa que permitirán la incorporación de más trabajadores. También se están desarrollando convenios con los cabildos que están logrando reducir la lista de espera, especialmente en las islas no capitalinas, y se espera acabar con ella “en próximas fechas”.
Según dijo, se están reforzando los equipos multiprofesionales para niños que requieren atención temprana. Además, los equipos de evaluación tienen acceso directo al historial médico y clínico de los solicitantes para agilizar los expedientes.
La consejera indicó que se trabaja en el reconocimiento inmediato del grado de discapacidad para quienes cumplan determinados requisitos, incluyendo la posibilidad de pasarelas que faciliten la obtención inmediata del 33% de grado. Y anunció que la aplicación para incorporar en el móvil la tarjeta de discapacidad está lista para usarse a principios de 2025.
Los portavoces de los grupos que apoyan al Gobierno pusieron el acento en que “se encontró una herencia” con 9.800 expedientes “metidos en la gaveta” y unos 30.000 en la lista de espera pendientes de evaluación. Sin embargo, Lucía Tejera (PSOE) denunció que, en otras regiones, se avanza y en Canarias se perpetúa “una situación insostenible” y “una violación flagrante” de los derechos de las personas con discapacidad. Natalia Santana (NC) calificó de “timo, engaño y un echadero” la dirección de discapacidad.
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