Canarias atendió el año pasado a 4.328 nuevos dependientes, el 10,63% más que en 2023, y logró reducir en casi tres meses el tiempo medio de tramitación, que ahora es de 561 días, pero su lista de espera creció el 41,7%, hasta llegar a las 31.672 personas.
Según el Observatorio de la Dependencia de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Canarias fue en 2024 la región donde más aumentó el número de personas atendidas el 10,6%, tres puntos por encima de la media (7,55%), pero también donde más creció, el número personas en lista de espera, un 41,7%, por el 8,8% del conjunto del país. Esto sitúa a las Islas con 31.672 personas a la espera de resolución, la mayor tasa cifrada en un 41,81%, más del triple del promedio (12,48%).
En 2024, Canarias siguió reduciendo el tiempo medio de tramitación de los expedientes, con 86 días menos, y ya es la segunda comunidad donde más se espera tras Andalucía, con 602 días. Sin embargo, los 561 días que aún tarda en resolverse un expediente en las Islas superan los 334 días de media nacional, y están muy por encima del límite de 180 días que marca la Ley de Dependencia.
El aumento de la lista de espera también afecta a los canarios que se encuentran en el limbo, -aquellos que ya tienen reconocida la prestación pública pero todavía no la reciben-, que aumentó en 3.006 personas, el 24,71%, lo que situó la tasa de limbo en el 28,9%, la mayor del país y el triple de la media nacional (8,70%). Sólo creció la tasa en Canarias (2,8) y Madrid (1).
Aunque el ritmo de reconocimiento de nuevas prestaciones es creciente, no basta para resolver ni la lista de espera ni tampoco la bolsa de personas en el limbo de la dependencia. De seguir el ritmo de crecimiento interanual, aún tardaría cinco años en atender a las 15.171 personas dependientes que se hallan en el limbo de la dependencia. Además, 12.641 personas que han solicitado valoración se encuentran a la espera de una resolución de grado.
Ello hace que sigan falleciendo personas antes de recibir la prestación a la que tienen derecho. De acuerdo con los cálculos del observatorio, entre 2017 y 2024 murieron en Canarias 23.536 personas mientras esperaban una prestación: 14.325 sin que se hubiera valorado aún su grado y 9.211 teniendo ya el derecho.
El Observatorio calcula que este servicio tuvo un coste total en Canarias de 299,80 millones de euros en 2024, de los que el 51,6% fue pagado por las administraciones de las Islas, el 29,2% por el Estado y el 19,2% por los propios beneficiarios. Y en lo que respecta al gasto público invertido por las administraciones, Canarias aporta el 64% con más de 154,8 millones por los 87,5 millones del Estado.
El promedio de gasto público por persona dependiente en Canarias es 4.961 euros, cifra que se vuelve a alejar de los 6.189 euros de media nacional, con un diferencial del -20%. El gasto público por habitante (95,78 euros) aumenta, pero mantiene casi 86 euros por debajo de la media nacional, como consecuencia de la “exigua tasa de cobertura” que aún sigue arrojando Canarias de 20,35 PIAS por mil habitantes, la peor del país, frente a los 31,58 de media nacional. Asimismo, el número de personas desatendidas aumentó un 13,73 para situarse en un promedio de 142,43 canarios desatendidos por mil, el doble que la media nacional.
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