El respeto a la dignidad humana

La inviolabilidad o intangibilidad de la dignidad implica que las instituciones públicas y privadas, y las personas físicas, asumen una obligación general y concreta de proteger, defender y promover la dignidad en todas sus actuaciones. En el Derecho español, tal afirmación parte del carácter fundante que tiene la dignidad como pilar mismo del orden político y la paz social reconocido en el artículo 10.1 de la Constitución de 1978. El mandato de inviolabilidad o intangibilidad de la dignidad se extiende obviamente a los derechos fundamentales de ella derivados, de forma y manera que las autoridades en sentido amplio y las personas físicas en sus actuaciones deben defender, proteger y promover los derechos fundamentales de los seres humanos. En este sentido, deben impedir que la dignidad se viole, se lesione o se cercene, directa o indirectamente, por acción u omisión. En concreto, de este mandato de inviolabilidad o intangibilidad surge la obligación de respeto. Así, las actuaciones de los poderes públicos y de las instituciones deben evitar que se menoscabe la dignidad de las personas de forma y manera que se realice siempre una interpretación de las actuaciones públicas y sociales pro dignitate, a favor de la garantía de la dignidad humana. Es decir, tanto el poder ejecutivo como el legislativo o el judicial, también la sociedad misma, deben actuar con un pleno y completo respeto a la dignidad humana, lo que implica, en sentido negativo, evitar cualquier forma de menoscabo de la misma dignidad, algo que en tiempos de predominio de las ideologías cerradas y de pensamiento único, unilateral, estático y de confrontación es particularmente relevante. En concreto, la obligación de respeto a la dignidad implica que el legislador deba, en caso necesario, prohibir ciertas actuaciones que puedan lesionar la dignidad a través de aplicaciones inadecuadas de las leyes. Hoy, en este tiempo tan particular que nos toca vivir, el respeto a la dignidad de todos los seres humanos es uno de los principales desafíos del sector público, y también privado. Sí, en 2025 tenemos que seguir en esta lucha. Quién lo diría.