La entrada en vigor de la Ley de Eficiencia Procesal, prevista para este jueves, marcará un cambio importante en el sistema judicial español, al introducir, entre otras medidas, la obligatoriedad de acudir a un acto de mediación o conciliación previa antes de presentar determinadas demandas civiles y mercantiles.
Este nuevo requisito ha generado en los últimos días una intensa actividad en los despachos de abogados, que han adelantado la presentación de escritos para ahorrarse el trámite adicional. En los últimos días, los juzgados han recibido una avalancha de demandas, reflejo de la inquietud de muchos profesionales del derecho por la aplicación práctica de la norma.
En el Archipiélago, la comunidad autónoma con la tasa de litigiosidad más alta del país, la medida se ha sentido con especial intensidad. “Estamos teniendo días de mucho trabajo porque queremos cerrar ciertos procedimientos antes del miércoles”, comentó ayer a este periódico una abogada, quien subrayó que “no es tanto que estemos en contra de la mediación o de otros procedimientos de solución de los conflictos con carácter previo, sino que queremos evitar retrasos mientras vemos cómo se implementa realmente el sistema”.
VENTAJAS Y DESAFÍOS
La reforma legal busca un objetivo claro: reducir la sobrecarga judicial impulsando métodos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación y la conciliación. Se trata de mecanismos que, en muchos países, han demostrado ser eficaces para alcanzar acuerdos rápidos y menos costosos, evitando así largos procesos judiciales.
Desde el ámbito jurídico, sin embargo, existen algunas dudas sobre su aplicación. Algunos profesionales temen que, lejos de agilizar los procedimientos, este nuevo requisito obligatorio de intentar resolver el conflicto por algún método diferente al judicial, genere más burocracia y dilate los tiempos de resolución.
Otros, en cambio, ven en la norma una oportunidad para fomentar una cultura de diálogo y negociación antes de acudir a los tribunales.
“La mediación puede ser un gran aliado para reducir la litigiosidad”, reconoció ayer a este periódico un magistrado tinerfeño. “Es cierto que el cambio inicial puede generar inquietud, pero si se aplica bien, puede suponer un avance en la eficiencia del sistema judicial”, manifestó.
ADAPTACIÓN Y EXPECTATIVAS
Los juzgados y despachos de abogados se encuentran actualmente en un proceso de adaptación a esta nueva exigencia. Aunque el incremento de demandas de los últimos días ha supuesto una sobrecarga momentánea, a largo plazo se espera que esta reforma ayude a resolver conflictos de forma más ágil y con menos costes para las partes implicadas.
Queda por ver cómo se desarrollará en la práctica esta transformación del modelo judicial. Mientras tanto, abogados y jueces coinciden en que será clave dotar a los tribunales de recursos suficientes para que la aplicación de la ley cumpla su propósito: hacer que la justicia sea más rápida y eficiente sin comprometer las garantías de los ciudadanos.
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