Mónica Yzaguirre jura como nueva presidenta de la Audiencia tinerfeña

La magistrada Mónica García de Yzaguirre juró el pasado viernes su nuevo cargo como presidenta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en un acto que tuvo lugar en las dependencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ubicadas en Las Palmas de Gran Canaria.

García de Yzaguirre fue designada para ejercer tal responsabilidad hace dos meses por el pleno del Consejo General del Poder Judicial y nombrada como tal a través del Real Decreto 299/2025, fechado el pasado 15 de este mes de abril.

La noticia de su nombramente adquiere mayor relevancia incluso al tener en cuenta que se trata de la primera magistrada que dirige oficialmente el alto tribunal provincial tinerfeño en los 62 años transcurridos desde su creación, que tuvo lugar en 1963 mediante la Ley 44/1963, que estableció la Sala de lo Contencioso-Administrativo, según el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Mónica Yzaguirre, como es más conocida en los ambientes jurídicos, es una magistrada con contrastada experiencia en los tribunales de Canarias, no en balde en su currículo destaca su desempeño como tal en la Sección Quinta de lo Civil en la Audiencia Provincial de Las Palmas entre 2003 y 2017, así como el hecho de que desde 2014 es miembro de la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Hasta ahora ejercía como magistrada de la Sección Tercera de lo Civil en la propia Audiencia tinerfeña, a donde retornó desde la isla hermana dado que ya había ejercido al frente de un juzgado de Primera Instancia en sus inicios como jueza. Licenciada en derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, también fue con anterioridad corresponsal civil de la Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional (Rejue).

Su nombramiento oficial pone fin, además, a la interinidad padecida en la Presidencia de la Audiencia tinerfeña desde 2021, cuando se jubiló su entonces titular, Joaquín Astor Landete, una anomalía debida a las consecuencias del bloqueo político que mermó las funciones del referido CGPJ durante un lustro.