La riqueza de una comunidad no es estática. Se comporta más bien como un estanque. La economía de Canarias —como la de cualquier región— se parece a un depósito que se vacía y se llena constantemente.
Por el fondo del estanque hay fugas inevitables: la depreciación de infraestructuras, el envejecimiento de bienes, la importación de energía, tecnología o alimentos, o los pagos que se van al exterior sin retorno. Estas fugas son parte del sistema, no se pueden eliminar.
Por otra parte, el estanque se llena gracias a tuberías que traen agua desde fuera. Pero esas tuberías no funcionan solas. Solo bombean si somos capaces de generar valor. ¿Cómo? A través de exportaciones reales, servicios que vendemos a clientes externos, inversión productiva que entra porque aquí encuentra condiciones atractivas, y cualquier actividad que introduzca riqueza nueva al sistema.
En medio de este ciclo está el Estado. Una bomba que extrae agua del estanque para redistribuirla. No crea riqueza. Toma parte del agua —mediante impuestos, deuda o inflación— y la redirige. Esto no es malo per se: puede ser útil para corregir desequilibrios o sostener ciertos niveles de vida. El problema surge cuando extrae agua de quienes mantienen el caudal de entrada —productores, exportadores, inversores— para dirigirla a estructuras ineficientes o improductivas.
Cuando los recursos se desvían a burocracias sobredimensionadas, empleos ficticios o subsidios eternos, se castiga al motor económico de la sociedad y se premia el estancamiento. No solo se reduce la entrada de agua, sino que se acelera el vaciado.
Por eso, Canarias necesita cambiar de lógica. No podemos seguir cerrando grifos o subiendo tasas esperando que la economía se sostenga sola. Lo que necesitamos es abrir nuevas tuberías, ensanchar las existentes, y facilitar el paso de la riqueza desde fuera hacia dentro.
Una propuesta concreta: aplicar este principio a la actividad exportadora, empezando por nuestros puertos. Se debería legislar que cualquier proyecto exportador que no reciba respuesta en plazo, quede automáticamente aprobado por silencio administrativo positivo. Debe establecerse una vía exprés donde las decisiones sobre proyectos exportadores de alto impacto no puedan demorar más de seis meses. Además, se necesita un marco laboral específico y flexible para empresas que demuestren capacidad real de exportación, permitiéndoles crecer sin el lastre de regulaciones que limitan su expansión.
Porque no es lo mismo extraer agua del estanque que facilitar que entre más. Pongamos un ejemplo claro:
¿Qué genera más riqueza para Canarias?
¿Cobrar 10.000 euros por buque en tasas de atraque —unos 12 millones al año percibidos por los clientes como de bajo valor añadido— o permitir que esas mismas embarcaciones contraten libremente servicios locales que generen cientos de millones en empleo, exportación y actividad económica?
La respuesta es evidente: menos rentismo institucional, más productividad sistémica.
La Autoridad Portuaria de Tenerife debe asumir esta responsabilidad. Liberar el potencial exportador de nuestros puertos es urgente. Facilitar la competencia, atraer inversión, y acompañar a las empresas que generan valor debe ser una prioridad si queremos que nuestro estanque no solo se mantenga, sino que crezca.
Y conviene hacerse una última pregunta:
¿Realmente vamos a atraer más riqueza sancionando barcos por formalidades absurdas, imponiendo 25.000 euros diarios por remolcadores inactivos o bloqueando proyectos estratégicos como el astillero de Granadilla, la planta regasificadora flotante o la plataforma energética de Totisa?
¿Queremos llenar el estanque… o seguir haciendo agujeros?
Jonathan Perez Padrón
Chief Executive Officer Hidramar Group | Impulsando Canarias desde la reindustrialización y la exportación como motores de generación de riqueza neta
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