Putin resucita la “mili” en Europa

El Día de la Fuerzas Armadas (FAS), oficialmente pasado mañana, aunque en Canarias la celebración tendrá lugar la semana próxima, trae a la memoria el servicio militar, una institución controvertida que algunos países de la Alianza Atlántica han recuperado para reabrir el cauce legal a la incorporación de civiles a los ejércitos y extender en la sociedad el compromiso con la seguridad y la defensa como una tarea de todos. En España el Gobierno echa balones fuera y viene a decir que con nosotros no va la cosa porque Putin está lejos, aunque el secretario general de la OTAN, Mark Rute, aclara que un misil lanzado desde Rusia tardaría en llegar a España solo diez minutos más que a Polonia.

El servicio militar, que es una conquista democrática que viene de la Revolución Francesa, se suprimió en España en 2001, como condición impuesta por Jordi Pujol para apoyar al primer gobierno del PP encabezado por José María Aznar en 1996. Culminó así una larga campaña de agitación que durante las dos últimas décadas del siglo XX vertió toneladas de basura sobre la “mili” en una especie de vendetta histórica contra lo que había sido cien años antes una obligación solo para los pobres y que eludían quienes tenían recursos para pagar a otro que ocupase su puesto o, según la época, entregase una determinada cantidad de dinero, la redención en metálico, para quedarse en casa mientras los de su quinta luchaban y morían en Cuba, Filipinas o Marruecos.

Ante el crescendo de la tensión internacional que produce la conjunción astral de Putin y Trump hay quien se pregunta si España debería reimplantar también el servicio militar. Pero, en mayo de 2025, más que una acelerada militarización de la población civil, necesitamos un proceso de mentalización colectiva para financiar el esfuerzo que requiere equipar a las Fuerzas Armadas con los medios necesarios para que puedan cumplir su función dentro de un dispositivo militar europeo. El secretario general de la OTAN, dispuesto siempre a poner en apuros a Pedro Sánchez, ha dicho que España tendrá que dedicar el 5% de su PIB a gastos de defensa, unos 83.000 millones de euros, cuando el Gobierno aún no ha logrado acreditar el gasto del 2% que comprometió, y no cumplió, Mariano Rajoy.

Digámoslo claro, el servicio militar no ahorraría ahora dinero para financiar la cuota OTAN, ni es la panacea para afrontar nuevas amenazas, porque con el nivel tecnológico de los actuales sistemas de armas y su empleo táctico en escenarios de guerra híbrida, las batallas no se ganan por el número de soldados. Pero, por otra parte, contribuye a democratizar el conocimiento de las necesidades de la seguridad nacional y fortalecer la cultura de defensa, como algo que nos interpela personalmente y no un asunto ajeno, de otros, que es como habitualmente se mira a las FAS desde la orilla civil. Verbigracia, las palabras del alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, sobre los actos del Día de las FAS: “Nos permiten expresar nuestro reconocimiento, gratitud y respeto (a las FAS) por su compromiso constante con la defensa, la paz y la seguridad”. En una manifestación alguien le habría gritado “no nos mires, únete”.

Tomando la cautela ignaciana de no hacer cambio en tiempos de mudanza, pienso que no es el mejor momento para revisar la legislación sobre las obligaciones militares porque, apremiados por la presión ambiente, se correría el riesgo de adoptar medidas excesivamente coyunturales que irían en detrimento de una eventual vertebración de unas FAS de carácter mixto, con militares profesionales y de reemplazo, como aprobó por Ley Orgánica el Congreso de los Diputados en diciembre de 1991 y que después Pujol mandó tirar por la borda y Aznar dijo amén. Un modelo flexible que, probablemente, hubiese sido social y psicológicamente útil en la actual situación.

No estaría de más retomar de aquella norma la voluntad del legislador y, sin nostalgia ni urgencia, revisar las leyes, como han hecho otros países democráticos, para que los asuntos militares no sean solo cosa de los uniformados y que los civiles no nos desentendamos de nuestra propia seguridad. El servicio militar, que no lo inventaron los militares, puede ser el cauce para el ejercicio del derecho y deber constitucionales de defender a España, un compromiso personal con la defensa de la soberanía nacional, con las instituciones democráticas, el estado de derecho, las libertades y nuestra cultura y forma de vivir.