Que la administración de Justicia en la provincia tinerfeña amenaza ruina no es ninguna novedad para mayor desgracia de sus sufridos usuarios y usuarias, como tampoco lo es que la tendencia actual no solo invita al optimismo de una mejora sino más bien se acerca a una caída en picado.
Así se vuelve a comprobar con el anuncio efectuado en días pasados por los responsables del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Arona, que han desvelado por el expeditivo método de un cartel en su puerta que el pasado 9 de junio llegó a la carga máxima fijada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 1.200 asuntos de entrada por ejercicio, y soporta un 210% de dicha cifra, en información adelantada por Efe.
Lo peor del caso es que no es una novedad ni en el partido judicial aronero ni en el propio juzgado que nos ocupa.
De lo primero da fe que ya el año pasado fue el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Arona el que denunció su colapso por la misma vía de poner una nota en la puerta después de que el CGPJ rechazara la solicitud de refuerzo para salas de Arona, la autorización económica y la ampliación de medios recursos humanos.
De lo segundo es que ahora sus compañeros del Juzgado de Primera Instancia Número 4 de dicho partido sureño resaltan que “dicha situación se lleva produciendo desde hace varios años lo que supone que la carga de trabajo que soporta este juzgado asciende a un 210%”, se informa en el escrito en cuestión donde, como también hicieron los del Número 1, concluyen que “por lo tanto el funcionamiento anormal del juzgado es por causas ajenas al rendimiento del mismo” y piden disculpas a los ciudadanos, que al fin y al cabo son los principales perjudicados al ver cómo temas que pueden ser de enorme trascendencia para su hacienda e incluso sus vidas se ven demorados de forma injustificada.
Además, este anuncio entronca directamente con lo reflejado por las estadísticas del CGPJ desveladas el pasado jueves sobre el insostenible aumento de litigiosidad en las Islas, por cuando en el desglose de las mismas se detecta un espectacular aumento en la jurisdicción civil, con un crecimiento de un 50,5% más que en el invierno del año anterior en toda Canarias. A este respecto, advertir a los profanos en la materia que un juzgado como el que nos atañe en este caso entiende, precisamente, de asuntos civiles y penales, donde ciertamente el crecimiento general en las Islas es de solo un 4,9% más.
Otra causa evidente de tan insoportable carga de asuntos civiles en los juzgados radica en la población flotante, habida cuenta de que solo en 2023 fueron unos 6,5 millones de turistas en el Sur de Tenerife, donde la población oficial residente es de poco más de 235.000 personas en el mejor de los casos.
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