Aunque la situación actual ya es extrema por la flagrante carencia de medios en los juzgados de violencia sobre la mujer, que ya fue denunciada esta misma semana por representantes de los principales operadores jurídicos tinerfeños, lo cierto es que las quejas al respecto se remontan incluso a 2016, tal y como demuestra una interpelación de Intersindical Canaria cuya entrada fue registrada en la Diputación del Común hace nueve años.
Así lo desveló ayer a este periódico el delegado provincial de Justicia de dicho sindicato, David Ortuño, quien confirmó que “en 2016 presentamos una queja ante el diputado del común [así se llamaba entonces] con registro EQ 16/1362, aunque es verdad que seguimos estando a la espera de una resolución de la misma denuncia”.
Sea como fuere, Ortuño detalló las carencias en dichos juzgados se han agravado considerablemente tras el reagrupamiento de los mismos “y por ello en 2023 presentamos escritos ante la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, Viceconsejería de Justicia, Instituto Canario de Igualdad y Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, pero solo obtuvimos respuesta del Ministerio de Igualdad” con un escrito en el que, como ha podido comprobar DIARIO DE AVISOS, se explica en tono amable que la competencia, desde la perspectiva de la Administración General del Estado, correspondía al Ministerio de Justicia.
Como es obvio, tiene mucho más interés por actual el escrito de 2023 presentado por Intersindical y en el que ya se denunciaba lo mismo que ahora es un clamor: “A pesar de que durante años venía estudiando esta solución no se aprovechó ese tiempo para buscar instalaciones y establecer protocolos que garantizaran un servicio digno y eficiente, simplemente a principios de 2023 se comarcalizó en Santa Cruz de Tenerife los partidos judiciales de San Cristóbal de La Laguna y Güímar y en Arona los partidos judiciales de Arona y Granadilla de Abona, sin más actuaciones, como consecuencia de esta falta de planificación y organización nos encontramos ante una situación intolerable que redunda en perjuicio de la víctima”.
Porque, como resumió con gran tino la fiscal jefe de Canarias, María Martínez Farnés, “¿alguno de ustedes declararía ante todo el mundo que su marido le ha pegado, que la ha violado? Yo no lo haría”.
Barreto: “Somos conscientes de que la situación no es la adecuada”
La consejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, reconoció ayer a DIARIO DE AVISOS que “Hay un problema de saturación de espacio y somos conscientes de que la situación no es la adecuada. Por eso estamos buscando una solución para sacar de allí otro juzgado y dejar el de violencia de género en el edificio de Tres de Mayo, porque allí hay calabozos para el caso de los agresores”.
“La comarcalización, que se llevó a cabo con el visto bueno de la Consejería en la pasada legislatura, es positiva porque los temas de violencia de género pasan de jugados de primera instancia e instrucción a jugados especializados, pero el problema está en que decidieron comarcalizar en Santa Cruz, Güímar y La Laguna sin tener previsto antes un espacio para el juzgado y esta es la consecuencia”, detalló la consejera autonómica. “Desde nuestro punto de vista, se tendría que haber buscado el espacio adecuado para que las víctimas y los menores pudiesen ser bien atendidos, algo que no se hizo y a lo que ahora le vamos a poner solución”.
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