Por Salvador González* | El año pasado se contabilizó en las Islas Canarias la llegada de 64.000 migrantes que se jugaron la vida en la mar para alcanzar las playas de Europa. El drama humano es de sobra conocido y las imágenes de los barcos de Salvamento Marítimo arribando a los puertos canarios con cientos de migrantes a bordo es ya para todos una triste estampa demasiado familiar. En las imágenes de los informativos reconocemos, además de los propios migrantes agotados y con la mirada perdida, a los miembros de los equipos de emergencias que acuden prestos con mantas y a los que integran las fuerzas de seguridad.
A quienes no vemos nunca en esas imágenes de los informativos o en las fotografías de los medios impresos es a quienes actúan cuando la llegada al puerto se ha completado. Lo hacen miembros de los servicios ya descritos, pero también muchos otros que tratan de proporcionar a los migrantes la asistencia que materialice los derechos humanos que les corresponde como personas.
No entraré aquí a ofrecer una lista detallada de quiénes son esos prestadores invisibles, pero sí expondré -es lo que me corresponde en virtud de mi cargo- que unos cientos de compañeros y compañeras del Turno de Oficio especializado en extranjería perteneciente a los Colegios de la Abogacía canarios asumen el deber de proporcionar a los migrantes uno de esos derechos humanos: la asistencia jurídica.
Cada persona que se encuentra en nuestro país y que debe hacer frente a la acción de las fuerzas de seguridad y ulteriormente de la Justicia, tiene el derecho a recibir asesoramiento de forma que pueda entender correctamente las opciones que le ofrece la ley española. No es un derecho diferente al que tiene el resto de personas que residen en nuestro país. Es el mismo, pero en un momento crítico.
El problema de todos conocido surge del ciclo de llegadas que en no pocas ocasiones se produce por oleadas. Es bastante habitual que dos letrados deban prestar asesoramiento a un centenar de migrantes que, además, se expresan en una docena de lenguas diferentes. La desproporción del volumen y la grave carencia de intérpretes provoca que muchos de esos migrantes reciban, en apenas unos pocos minutos, información sobre sus derechos en un idioma que en muchísimas ocasiones no es su lengua materna.
¿Se imagina el lector lo que supone verse detenido en un país extranjero recibiendo por toda atención jurídica unos minutos de información sobre un derecho que le es ajeno en una lengua que apenas comprende? La asistencia legal a los migrantes no es sólo un trámite. No puede ser solo un trámite. Si algo diferencia al Estado de derecho del resto regímenes políticos es precisamente el imperio de ley que, por definición, es igual para todos. Respetando el Derecho y los derechos de las personas nos respetamos a nosotros mismos. Hagamos de ese derecho de los migrantes mucho más que un trámite.
Desde aquí, mi agradecimiento a los abogados y abogadas que defienden la dignidad y los derechos de quienes llegan a nuestras costas, que no son cifras, sino seres humanos.
*Presidente del Consejo General de la Abogacía Española
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