El Tribunal de Cuentas ((TCU) considera que el actual sistema de subvenciones al transporte marítimo para residentes no peninsulares se caracteriza por la falta de controles esenciales, a tal punto que sus recomendaciones al Gobierno de España pasan por una renovación completa de la normativa vigente.
Entre sus propuestas específicas figuran algunas que tendrían un impacto directo para los beneficiarios, como fijar un tope máximo de viajes bonificados o en función de la renta de quien la percibe, así como la exclusión para billetes con “consideraciones especiales o de lujo”.
Así se recoge en su informe de fiscalización del programa 441N Subvenciones y apoyo al transporte marítimo, ejercicio 2023 destinado a financiar los traslados marítimos entre Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla con el resto del territorio nacional y que ha sido presentado esta misma semana con un mensaje claro para el Ejecutivo central: “Se considera necesaria la revisión de algunos aspectos esenciales a efectos de asegurar una oferta marítima suficiente y de calidad, mejorar la eficiencia del programa y garantizar su sostenibilidad”.
Carencias
Dicho órgano fiscalizador señala primero las carencias que detecta en el sistema actual, poniendo el foco en que “no se ha previsto ningún criterio que limite las bonificaciones que puede percibir cada beneficiario, en cuanto al número de viajes, el importe de las tarifas de pasaje, la categoría de la acomodación o cualquier otra referencia”.
Además, el TCU destaca que “tampoco se ha regulado el detalle de los conceptos incluidos en el precio del billete de transporte que pueden ser bonificables y cuáles no”. Ello no es una cuestión baladí, aseguran, por cuanto “los importes bonificados presentan grandes diferencias en función de si corresponden a acomodaciones de categorías superiores o de categorías más económicas. Se favorece con ello a los residentes de mayor capacidad económica que pueden costear las primeras”.
Por todo ello, se proponen cambios como “establecer límites a las bonificaciones, que pueden determinarse mediante varios criterios: un importe fijo según trayecto, una tarifa máxima bonificable, un límite al número de viajes bonificados, o en función de la renta del receptor. En cualquier caso, parece necesario excluir las bonificaciones o limitarlas a un importe máximo, en los billetes de transporte correspondientes a acomodaciones de categorías superiores o de lujo”.
Navieras
Donde también detecta el Tribunal de Cuentas falta de control es en la aplicación de las tarifas máximas pactadas en los contratos de navegación con las navieras, lo que a su juicio originó un “exceso en las bonificaciones abonadas como consecuencia de la aplicación incorrecta de las tarifas sujetas a contrato”.
De las consecuencias da buena cuenta que la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM), que es la empresa pública que gestiona estas subvenciones, no solo ha incoado sendos procedimientos administrativos de reintegro a dos navieras por los excesos en 331.074 embarques de 2023, por un importe de 1,14 millones de euros, sino que además revisa ejercicios anteriores para reclamar más dinero en caso de detectar desfases similares.
Evitar el acceso a los que pasan parte del año en la Península, otro objetivo
Otros de los asuntos esenciales en las subvenciones al transporte marítimo de no peninsulares que el Tribunal de Cuentas recomienda al Gobierno de España es la necesidad de una nueva regulación, que pasa por endurecer lo que denomina “el concepto de residencia”. Así lo recoge en el informe presentado el pasado miércoles en Madrid sobre dichas bonificaciones durante el ejercicio correspondiente a 2023.
A juicio de dicho órgano, el objetivo es que la normativa sea “más estricta (…) para evitar la posibilidad de acceso a las bonificaciones a pasajeros empadronados que tienen su residencia habitual en territorio peninsular, lo que sin duda es una novedad preocupante para no pocos canarios que, por motivos profesionales y/o académicos, se ven forzados a pasar la mayor parte del año en la Península y, en caso de no mantener la residencia en el Archipiélago, tendrían que hacer frente a la totalidad del billete y no solo al 25% como en la actualidad, dado que las subvenciones, tanto entre las Islas como con el resto del territorio nacional, cubren las tres cuartas partes del importe total del billete.
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