El Consejo de Ministros aprobó ayer un decreto que fija la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes no acompañados por parte de las comunidades autónomas, lo que supone el último paso para poner en marcha su derivación desde territorios como Canarias, que sobrepasan dicha capacidad, a la que se opone la mayoría del resto de regiones, obligadas por ley a atenderlos.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, destacó que se trata de un “paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante”. “Hablamos de niños y niñas que llegan solos, a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y, si me permiten, humanitaria”, afirmó tras el Consejo de Ministros.
El decreto fija la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad, es decir, el número de plazas que debe tener para cumplir la ratio, en 32 menores por cada 100.000 habitantes. Los territorios con una ocupación que triplique su capacidad ordinaria de acogida, como Canarias, Ceuta y Melilla, deben pedir la situación de contingencia migratoria, que declarará el Gobierno, para que los menores en su territorio sean trasladados a otras comunidades.
Con el criterio establecido por el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, que el PP rechaza, la mayoría de autonomías albergan a menos menores migrantes de lo que les corresponde por población. Las mayores diferencias se dan en Andalucía, que acoge a 1.372 menos de lo que le corresponde; Comunidad Valenciana, con 1.216 y Galicia, con 620.
SOLIDARIDAD
Con la entrada en vigor del decreto arrancará el mecanismo de solidaridad obligatoria que exigió Canarias, por el que se derivará a unos 3.000 jóvenes de las zonas tensionadas, como el Archipiélago, Ceuta y Melilla, a otras regiones, para lo que ya se reformó la ley de extranjería, con el PP en contra. El procedimiento implica además que los menores no acompañados que lleguen a partir de septiembre a zonas tensionadas deben ser derivados a otras autonomías en un plazo de 15 días.
Este sistema lo han recurrido ante el Tribunal Constitucional 10 autonomías gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha (PSOE). Además, la Comunidad de Madrid ha acudido al Supremo y lo mismo ha anunciado Baleares, que pide suspender cautelarmente el reparto.
EL 2 DE SEPTIEMBRE
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el canario Ángel Víctor Torres, anunció que el próximo martes, 2 de septiembre, habrá una comisión interministerial para que puedan empezar los traslados de los menores migrantes que permanecen en territorios saturados como Canarias.
“Hoy [por ayer] se ha dado el paso último de la modificación del artículo 35 [de la ley de extranjería]. Una vez aprobado este real decreto, se publicará en el Boletín Oficial del Estado y comunidades como Canarias tendrán que acreditar que están en contingencia migratoria y, posteriormente, la ministra de Infancia la firmará”, detalló.
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