Cuando se habla de transición energética y de las oportunidades que esta puede traer a Canarias, el puerto de Las Palmas aparece como uno de los escenarios clave. Allí se reservó hace años una parcela para el desarrollo de la eólica marina. Sobre el papel, debía ser un punto de inflexión para nuestra industria naval y energética. Una oportunidad histórica para que las empresas canarias, bajo el paraguas estatal de Navantia y los Astilleros Españoles, pudieran jugar un papel en el tablero internacional. Sin embargo, la realidad dista mucho de esa promesa.
El concurso público convocado por la Autoridad Portuaria planteaba que cualquier desarrollador interesado debía asumir también la construcción del muelle y de toda la infraestructura necesaria. Una inversión que superaba los 50 millones de euros. El resultado era previsible: el concurso quedó desierto. Ni siquiera Navantia, con el respaldo del Estado, se atrevió a asumir un proyecto de esa envergadura en condiciones tan poco realistas.
Lejos de replantear el modelo, poco después la parcela terminó en manos de una empresa privada a través de una adjudicación directa, amparada en un resquicio legal de la Ley de Puertos. Esta compañía está vinculada a un accionista minorista de uno de los astilleros del puerto de Las Palmas y su modelo operativo consiste en subcontratar prácticamente el 100 % del trabajo que se ejecuta en la instalación.
La sorpresa fue aún mayor cuando la Autoridad Portuaria anunció que sería el propio puerto quien, con fondos públicos, construiría el muelle que esa empresa explotaría en exclusiva. Y como si fuera poco, ahora se están dilatando al límite los plazos de pago de tasas portuarias que superan el millón de euros, de manera que la parcela queda “reservada” para un uso privativo sin que la sociedad reciba contraprestación alguna.
La pregunta es inevitable: ¿por qué se bloquea la libre competencia en un sector tan estratégico para el futuro energético de Canarias? ¿Cómo se justifica que se privilegie con recursos públicos a un solo operador, mientras se exige a la ciudadanía sacrificios constantes en nombre de la sostenibilidad?
La contradicción se hace aún más evidente si miramos a Tenerife. En el puerto de Granadilla existe otra gran parcela con capacidad suficiente para acoger el despliegue de la eólica marina. Sin embargo, permanece congelada por la falta de avance en el cierre del muelle de ribera. Lo paradójico es que existen proyectos ya presentados y avalados que asumen con fondos privados los rellenos necesarios para completar la obra. Aun contando con iniciativa empresarial y financiación comprometida, la parálisis administrativa impide que esta alternativa se convierta en una opción real. Y con ello, se elimina una oportunidad estratégica que permitiría abrir el mercado a más operadores y equilibrar las fuerzas en el sector.
Todo esto sucede mientras el discurso oficial insiste en la necesidad de diversificar la economía canaria y generar empleo de calidad. La incoherencia es evidente: se proclaman objetivos de transformación productiva y sostenibilidad, pero se perpetúan prácticas que huelen más a clientelismo y favoritismo que a una verdadera estrategia industrial.
En este contexto, es imprescindible que la acción ciudadana, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y la Fiscalía permanezcan vigilantes. El desarrollo de la eólica marina no puede ser secuestrado por intereses particulares ni convertirse en una pieza más del puzzle del monopolio encubierto que lastra a Canarias en distintos sectores estratégicos.
La eólica marina debería ser un motor de cambio: una fuente de empleo, innovación y competitividad para nuestras islas. Sin embargo, las decisiones adoptadas hasta ahora amenazan con convertirla en lo contrario: en un símbolo de cómo las oportunidades colectivas se convierten en privilegios privados.
Si Canarias quiere de verdad jugar un papel protagonista en la transición energética europea, necesita abrir las puertas a la libre competencia, incentivar la participación de múltiples operadores y garantizar que las inversiones, ya sean públicas o privadas, se traduzcan en beneficios reales para la sociedad. No se trata solo de construir muelles o asignar parcelas: se trata de construir un futuro económico más justo, transparente y productivo para todos los Canarios.
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