El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado, recordó ayer que el Poder Judicial “solo demanda respeto y sosiego para llevar a cabo su trascendental labor. No es mucho pedir. Pero mientras no cesen los ataques, debemos repetirlo”.
El magistrado realizó dichas declaraciones en el discurso pronunciado con motivo de la apertura del Año Judicial en el Archipiélago, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, y en el que no dudó en celebrar que “en Canarias, afortunadamente, no se percibe ese clima de tensión y enfrentamiento que se está extendiendo en la política nacional”, si bien aclaró que “esta cultura del entendimiento [en las Islas] no implica, sin embargo, renuncia alguna” a la hora de “ejercer, con firmeza y determinación, las que consideramos justas reclamaciones ante la Administración prestacional, de igual forma que no impide mostrar nuestro desacuerdo con respecto a determinadas iniciativas legislativas que nos afectan, como, por ejemplo, la que pretende regular el acceso a la carrera judicial orillando principios de mérito y capacidad”.
En un alegato plagado de sentido común, Lorenzo Bragado apostilló que todo ello “tampoco excluye la crítica razonada de las resoluciones judiciales, cuya más alta expresión se encarna en los recursos que contempla nuestro ordenamiento, como sabemos, sumamente garantista. Como tampoco excluye, en su caso, la exigencia de responsabilidades disciplinarias o, incluso, penales de los jueces”.
Tampoco podía ser de otra manera que el presidente del TSJC insistiera en denunciar los graves problemas que afectan a la Justicia en Canarias, la comunidad autónoma con mayor litigiosidad de toda España desde hace años “con 212 pleitos por cada 1.000 habitantes, cifra muy superior a la media nacional y reflejo de la complejidad social, económica y territorial de nuestro entorno”.
También rememoró Lorenzo que semejante carga de trabajo satura los juzgados isleños, lo que se traduce en porcentajes tan abrumadores como que “139 superan el umbral del 130% del módulo de entrada, especialmente en los órdenes civil, social y, de manera crítica, en la jurisdicción contencioso-administrativa”, datos recogidos en la Memoria del año pasado.
A su vez, las estadísticas oficiales avalan el reconocimiento del presidente del TSJC a sus compañeros y compañeras, dado que “la capacidad de respuesta de la judicatura canaria -y, por ende, de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia-, ha sido ejemplar: se han resuelto 440.489 asuntos, un 15,8% más que en el año anterior, y se ha mantenido un alto nivel de eficacia, como lo demuestra el hecho de que hemos alcanzado la media más alta de sentencias del país: 386 por juez/año, con un porcentaje de confirmación por el Tribunal Supremo del 92%, el cuarto más elevado de España”.
Ante “el nuevo marco normativo”, Lorenzo actualizó sus demandas, que se resumen en “más plazas judiciales (…). con la creación de 12 nuevas plazas en Las Palmas y otras tantas en Santa Cruz de Tenerife”, así como más medidas de refuerzo y la necesidad de “que culmine la comarcalización de la violencia sobre la mujer en la zona norte de Tenerife”, así como “la efectividad de la unificación de los partidos judiciales de La Orotava y Puerto de la Cruz” y “que se aborde (…) la propuesta de unificación de los partidos de Arona y Granadilla de Abona”.
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