Un año después de la trágica dana que costó la vida a 229 personas y asoló parte de la provincia de Valencia, sigue creciendo el rechazo de los valencianos a la actuación del todavía presidente de la Generalidad. La torpeza, el oscurantismo, las mentiras y la falta de dignidad de Carlos Mazón se estudiarán como antimodelo de la dirección y gestión de una crisis. Solo un milagro de su alicantina Virgen del Remedio le permitirá salir indemne en los tribunales.
Los españoles tenemos fama de ser eficaces organizadores de eventos complejos en situaciones difíciles y también de adelantados en sacudirnos las pulgas cuando podemos echar la culpa a otros de las cosas que hacemos mal, que es exactamente lo que hace Mazón para tapar que el día de autos no estuvo donde debía. De su mal ejemplo aprendieron Cataluña, Murcia, Andalucía, Castilla La Mancha y la propia Comunidad Valenciana, que han actuado con prudencia y eficacia ante los fenómenos meteorológicos similares producidos al final del verano y principios de este otoño.
Probablemente porque sabemos de nuestra capacidad para improvisar, solemos tener en precario la organización y los mecanismos para reaccionar en situaciones de emergencia. Por citar algunos ejemplos, recuerdo el caos que se produce en la península cuando nieva más de lo esperado, como ocurrió con la gran nevada Filomena en 2021, el mismo año de la erupción volcánica en La Palma, los incendios forestales que se produjeron el pasado verano, la propia dana de 2024, el apagón eléctrico del pasado mes de abril, o, mirando más atrás, la “pantanada” de Tous en 1982 y más lejos aún, en 1977, la colisión en la pista del aeropuerto de Los Rodeos de dos aviones Boing 747 “jumbo”.
En todos los casos la gestión pudo ser más eficiente y las consecuencias menos graves de haber contado con la organización y los medios adecuados. En el accidente aéreo concurrieron circunstancias difíciles de repetir (concentración excesiva de aviones porque el aeropuerto de Gran Canaria estaba cerrado por amenaza de bomba y no se había inaugurado aún el aeropuerto del sur de Tenerife, niebla muy espesa en la pista, nervios y tensión, confusión en la comunicación entre la torre de control y uno de los aviones y, para terminar, el error de un piloto. Los muy escasos efectivos de emergencia actuaron con heroísmo e hicieron cuanto pudieron, pero faltaban medios para sofocar el incendio, rescatar a las víctimas y evacuarlas al hospital.
Como situaciones de emergencia no van a faltar, las administraciones -todas- tienen la obligación de ser previsoras, allegar recursos y organizar los medios para actuar en situaciones de crisis, de acuerdo con la legislación constitucional sobre la distribución de competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas (artículos 148, 149 y 150) y el principio de solidaridad, que es trasversal en el texto de la Constitución.
Por resumir de manera sencilla, las comunidades autónomas tienen la competencia en las infraestructuras de su ámbito territorial y el Estado las que comparten varias comunidades. No voy a entrar en los aspectos técnicos de en qué supuestos debe gestionar la crisis la comunidad y cuando asumir el Estado la dirección, que es un asunto capital que debe establecerse sin margen de duda en la interpretación. Pero tan importante como la revisión de las normas es exigir lealtad institucional a todos los servidores públicos y no utilizar jamás las emergencias como arma arrojadiza contra los adversarios políticos, como, vergonzosamente, han hecho los partidos con la dana y los incendios.
Desde 2005 España cuenta además con la Unidad Militar de Emergencias (UME) que subsidiariamente acude en socorro en todo tipo de problemas. Curiosamente el PP, cuyos presidentes autonómicos reclaman siempre la actuación de los militares, fue muy reticente con la creación de esta Unidad por considerarla algo así como un capricho del presidente Rodríguez Zapatero.
El triste recuerdo de las tragedias referidas son páginas terribles que los responsables de emergencias deben estudiar a fondo para sacar conclusiones y disponer cada territorio, como lo está haciendo el Gobierno de Canarias, de una organización propia que centralice la información y actú
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