El Tribunal Constitucional ha suspendido, a petición del Consejo de Ministros, las nuevas retribuciones fijadas para el director del Servicio Canario de la Salud, en la actualidad Adasat Goya, en la ley de presupuestos de la comunidad autónoma aún vigente, la de 2025.
En concreto, suspende la disposición final cuarta de la ley de presupuestos, que disponía que la persona elegida para dirigir el SCS “no percibirá retribuciones inferiores a las que viniera percibiendo en el puesto que desempeñaba con anterioridad a su nombramiento”, ya tanto si proviene del sector público como si trabajaba en el privado.
El Constitucional también ha suspendido cautelarmente la disposición final octava del presupuesto de Canarias de 2025, relativa a la regulación de los puertos deportivos.
Cuando el Consejo de Ministros decidió interponer recurso contra ambos puntos, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, explicó que el blindaje salarial del director del SCS incumple, a juicio del Gobierno, los límites de incremento salarial fijados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2023 (que son los vigentes) y la regulación del Estatuto básico estatal.
La segunda cuestión impugnada tiene que ver con los puertos deportivos, ya que la disposición final octava de la ley de presupuestos de Canarias, en su apartado primero, establece que la inversión sería para esas concesiones de no menos del 20 %, cuando la normativa estatal establece que tiene que ser por encima del 50 %.
Asimismo, la normativa estatal exige que las inversiones se hagan en un plazo de seis meses y los presupuestos canarios determinan un periodo de cuatro a seis años.
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