Como senadora del PSOE y portavoz en la Comisión de Derechos Sociales del Senado, tengo la obligación, y la responsabilidad política, de señalar no solo lo que se hace, sino también lo que deliberadamente se deja de hacer. Porque en políticas sociales, la inacción también es una decisión. Y tiene consecuencias.
En el Senado existen dos comisiones fundamentales para el impulso, el seguimiento y el control de las políticas públicas que afectan directamente a la vida de millones de personas: la Comisión de Derechos Sociales y la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad. Ambas están presididas por el Partido Popular, que ostenta la mayoría en la Cámara Alta. Y en ambas se repite un patrón preocupante de bloqueo y desinterés.
Durante 2025, la Comisión de Derechos Sociales solo fue convocada cinco veces, ni siquiera una vez al mes, celebrándose la última reunión en el mes de noviembre, sin que desde entonces se haya vuelto a convocar. En el caso de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad, de la que soy secretaria segunda, la situación es muy similar: cinco convocatorias en todo el año, la última en diciembre de 2025. Desde entonces, silencio absoluto.
Quien preside una comisión tiene la responsabilidad de impulsarla. La parálisis no es casual; es una decisión política coherente con su manera de entender las políticas sociales. Y ese enfoque se refleja tanto en lo que no hacen como en lo que deciden hacer cuando gobiernan.
En materia de dependencia, los datos son claros. Con gobiernos del Partido Popular, la financiación estatal del sistema apenas alcanzaba los 1.300 millones de euros. Con el Gobierno de Pedro Sánchez, esa financiación se ha incrementado hasta los 3.800 millones, reforzando de forma decidida el nivel mínimo y el nivel acordado; este último es el que se destina a financiar a las comunidades autónomas y que el Partido Popular eliminó. Sin embargo, pese a este esfuerzo sin precedentes por parte del Estado, las peores comunidades autónomas en gestión de la dependencia siguen estando gobernadas por el PP.
Canarias, Madrid, Andalucía y Murcia presentan mayores listas de espera, mayores tiempos de tramitación y modelos de atención basados en sistemas low cost que deterioran la calidad del servicio y vulneran derechos básicos de las personas dependientes y de sus familias. No es una cuestión de falta de recursos: es una cuestión de prioridades políticas.
Algo similar ocurre con las rentas de ciudadanía. Tras la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, las comunidades gobernadas por el Partido Popular optaron por reducir o debilitar sus rentas autonómicas, en lugar de complementarlas, dejando a miles de personas en una situación de mayor vulnerabilidad y rompiendo la lógica de refuerzo del sistema de protección social.
Esta visión ideológica se refleja con claridad en el conjunto de sus decisiones políticas. El Partido Popular se ha opuesto sistemáticamente al incremento del Salario Mínimo Interprofesional, a la actualización de las pensiones y al fortalecimiento de los servicios públicos. Lo hace, además, impulsando en las comunidades autónomas donde gobierna un modelo que refuerza la oferta privada frente a la pública en ámbitos clave como la universidad y la sanidad, con un impacto directo en el debilitamiento del Estado del bienestar y en el aumento de la desigualdad.
Nada de esto es nuevo. Responde a una concepción ideológica que históricamente ha menospreciado las políticas sociales. El propio Mariano Rajoy lo expresó con crudeza cuando afirmó literalmente que “la dependencia no es viable y haremos lo que se pueda”. Hoy esa frase no es solo una cita del pasado: es una realidad que se confirma allí donde el Partido Popular gobierna y allí donde decide bloquear desde las instituciones.
Las políticas sociales son derechos, cohesión social y democracia. Desde el PSOE seguiremos defendiéndolas con hechos, frente a quienes las paralizan desde las comisiones o las debilitan desde los gobiernos autonómicos. Porque cuando hablamos de derechos sociales, no hacer nada también es una forma de posicionarse. Los hechos del Partido Popular hablan por sí solos.
Marta Arocha Correa es senadora por la isla de Tenerife y secretaria regional de sanidad, dependencia y discapacidad del PSOE.
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