Falleció la víctima número 46 del accidente ferroviario de Adamuz. Se llamaba Patricia, era joven, y volvía de Madrid después de presentarse a unas oposiciones para funcionaria de prisiones. Los médicos de la UCI, donde llevaba ingresada desde el fatídico día 18, no pudieron salvarla. Ahora que la bronca política arrecia, utilizando la tragedia como argumento de descalificación, conviene recordar que lo único importante son las vidas que se quedaron atrapadas en los trenes y cuyas familias exigen saber las causas del accidente. La dirigente política que más ha alzado la voz, como suele, ha sido la presidenta madrileña que, curiosamente, no acudió al lugar de la tragedia y eso que había más de diez madrileños entre las víctimas. Tras exigir repetidamente la dimisión de Sánchez y del ministro Puente, organizó, en solitario, un funeral en la Catedral de la Almudena donde ella fue la protagonista como representante de mayor rango (el alcalde, Martínez Almeida, caminaba como una sombra tras ella). Pedro Sánchez debió acudir al funeral, al margen de sus creencias religiosas, porque era ese el formato que habían elegido los deudos para recordar a los suyos. Tras la solemne misa en La Almudena, con más jerarquías religiosas que fieles, Díaz Ayuso ha seguido dando muestras de su falta de empatía hacia el sufrimiento ajeno. Mientras avanza la investigación sobre los llamados “protocolos de la vergüenza”, que prohibieron el traslado a los hospitales de los mayores en las residencias durante el Covid, la presidenta se ha permitido llamar “plataforma de frustrados de la izquierda madrileña” a las familias de los que murieron solos sin ayuda médica. Hace un año también denominó como “marea de rebotados” a las asociaciones como Marea de Residencias que exigían conocer la verdad. Todo muy edificante. ¿Cuándo aprenderán los políticos de este país que no todo vale en la lucha por el poder y que el sufrimiento de la población no es un arma arrojadiza para uso partidista?
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