El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que el plan de medidas para paliar el impacto económico de la guerra en Irán incluirá 80 medidas y movilizará 5.000 millones de euros. Sin embargo, antes del anuncio y de su detalle, Sánchez tuvo que esforzarse a fondo con su socio (Sumar), que se plantó porque la propuesta inicial dejaba fuera medidas para prorrogar los alquileres de viviendas o topar los beneficios de las grandes empresas, con lo que al final, tras dos horas de retraso del Consejo de Ministros y de la rueda de prensa del líder del PSOE, se decidió aprobar dos decretos, uno sobre esos alquileres y otro con el resto de iniciativas, muchas de ellas de tipo fiscal y universales.
El decreto sobre vivienda prorroga dos años los contratos de alquiler que acababan en este 2026 y 2027, que Sumar cifra en un millón de acuerdos que afectan a 2,7 millones de personas. También se incluye un régimen jurídico específico para los contratos de concesión para la promoción de vivienda social o a precio asequible en suelo o inmuebles públicos.
“Situaciones extraordinarias exigen respuestas extraordinarias y es lo que contiene este plan integral por la crisis de Oriente Medio”, destacó el jefe del Ejecutivo antes los medios tras el Consejo, que vivió un momento crítico e inédito en democracia debido a las exigencias de los cinco ministros de Sumar en cuanto a incluir las medidas sobre la prórroga de los contratos de alquiler y el control a los márgenes empresariales.
Sánchez advirtió de que el conflicto en Oriente Próximo está generando las primeras réplicas de un “terremoto económico de escala global, cuya primera manifestación ya ha llegado a los hogares cada vez que cogen el coche o se desplazan, y empiezan a sufrir el aumento de los precios de los combustibles”. “Nadie sabe cómo va a evolucionar esta situación, esta crisis.
El conflicto no sabemos si va a durar días, meses o años. Pero sus efectos podrían contenerse o transformarse en una grave crisis según sus efectos”.
Por ello, Sánchez puso en valor que, con este plan, España será el país con el mayor escudo social y económico de toda la UE para hacer frente a esta situación. Además, aseguró que sus medidas estarán vigentes el tiempo que sea necesario y, si las circunstancias lo requieren, porque la gravedad de la crisis se acentúa, se ampliarán con más dinero o contenidos.
EFECTO EN LAS ISLAS
Fuentes del Gobierno central apuntaron ayer a DIARIO DE AVISOS que el paquete se adapta a las singularidades de Canarias, sobre todo con las energías renovables, aparte de las “potentes” ayudas al transporte marítimo. En el caso del IVA con los carburantes, se da la circunstancia de que en Canarias no se aplica y el IGIC está a cero, si bien el Gobierno regional subió del 0 al 1% el IGIC para derivados del petróleo en 2026 y desde Madrid se considera que cabe volver atrás. Asimismo, se cree que se podría subvencionar también al 99,9% del impuesto regional al combustible, aparte de resaltar que los agricultores canarios también se beneficiarán de las bonificaciones.
El paquete entrará en vigor hoy, aunque será el próximo jueves, 26 de marzo, cuando se vote y se intente convalidar en el Congreso. En cuanto a las medidas coyunturales, habrá una “reducción drástica” de la fiscalidad energética, bajando los impuestos sobre la electricidad hasta el 60%, con una reducción del 21% al 10% del IVA de los carburantes, la electricidad, el gas natural, briquetas y pellets. También se congela el precio máximo de venta del butano y el propano y se recupera la bonificación en el 80% de los peajes eléctricos para la gran industria.
Se baja el IVA al 10% y los impuestos que afectan al precio de la gasolina y el gasoil hasta el mínimo europea, lo que se traducirá en 30 céntimos menos por litro, 20 euros de ahorro por depósito para un coche medio. En la luz, a la rebaja del IVA se suma la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, del 7%, y la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5% al tipo mínimo del 0,5%, fijado por la UE. La norma incluye la rebaja al nivel mínimo del impuesto de hidrocarburos y los transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores tendrán una ayuda de 20 céntimos. A esto se suma una ayuda igual sobre fertilizantes.
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