Canarias y el resto de Regiones Ultraperiféricas (RUP) lograron el pasado 15 de abril su primer gran respaldo político en una negociación que será decisiva para su futuro dentro de la Unión Europea. La Comisión de Presupuestos de la Eurocámara aprobó un informe provisional sobre el futuro Marco Financiero Plurianual 2028-2034 en el que reclama una financiación específica para las RUP y un Posei (Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad) con una dotación “suficiente e independiente”, a ojos del Gobierno de Canarias.
La posición del Parlamento Europeo llega tras meses de reivindicaciones por parte de los nueve territorios que conforman las RUP frente a la reforma planteada por la Comisión Europea. Entre sus principales temores figura la intención de Bruselas de centralizar, a través de los Estados, buena parte de los fondos regionales, así como el riesgo de que se vean comprometidos instrumentos esenciales para las RUP, como el Posei. En ese contexto, este informe provisional constituye un respaldo político significativo por parte de la Eurocámara, que posee la capacidad de vetar el presupuesto comunitario al final de la negociación.
“Este documento tiene valor político porque funciona como un aviso al Consejo sobre por dónde quiere ir el Parlamento”, explica Celia Alberto, directora general de Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias. No obstante, la responsable autonómica insiste en “contextualizar el alcance real de ese informe”, ya que “carece de efectos jurídicos directos”. Como recuerda, “aún queda mucho recorrido”: serán las negociaciones de los próximos meses con el Consejo de la Unión Europea -donde están representados los 27 Estados miembros- las que terminarán de definir el futuro de territorios como Canarias.
En este proceso, que en los próximos meses entrará en su fase decisiva, la posición de Canarias es clara: “queremos que queden blindadas las partidas de cohesión y de política agraria, de forma que el Estado no pueda recortarlas ni desviarlas hacia otras prioridades”, señala Celia Alberto. Una preocupación compartida por su homóloga en la isla francesa de La Reunión, Candida Aldehuelo: “Si todo pasa a gestionarse a nivel nacional, tememos que París diseñe un plan pensado únicamente para la Francia continental y olvide nuestras necesidades específicas”.
Por eso, “pedimos que exista un capítulo regional dentro de los planes nacionales, que nos permita definir nuestras propias prioridades”. Ya que, añade, “aquí el 40% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza: nuestros problemas no son los mismos que los de la Francia continental”.
La Europa más lejana
Más de 9.000 kilómetros separan a La Reunión del continente europeo. “Esa lejanía y ese aislamiento en el océano Índico marcan nuestra realidad”, recalca Aldehuelo. Como territorio europeo más alejado, la isla afronta importantes dificultades estructurales, entre ellas un coste de la vida especialmente elevado: algunos productos alimentarios pueden llegar a costar hasta un 37% más que en la Francia metropolitana, debido en gran medida a la dependencia de las importaciones.
Además, en un contexto global marcado por la guerra en Oriente Medio, esta problemática se ha vuelto aún más crítica. “Muchos de nuestros barcos pasan por el canal de Suez. Ahora, debido a la inseguridad en la zona, tienen que rodear África. Eso añade más de 20 días al trayecto y encarece muchísimo el transporte: un contenedor cuesta ahora más de 4.000 euros adicionales”. Frente a ello, la soberanía alimentaria se ha convertido en una de las grandes prioridades de la región. Un desafío prácticamente imposible de alcanzar sin el Posei. “Es incluso más importante que la política de cohesión, porque condiciona toda la industria agroalimentaria”.
Tal y como pone sobre la mesa la responsable de Asuntos Europeos de La Reunión, “la característica que compartimos las nueve regiones es que todos nuestros vecinos son países terceros”. Estados con los que la Unión Europea firma acuerdos comerciales que, en muchas ocasiones, terminan perjudicando a las propias RUP. “En Canarias ocurre con el plátano; aquí, con el azúcar. Cuando la UE firma acuerdos comerciales con países vecinos, les concede ventajas que terminan perjudicando a nuestro sector azucarero”. En ese contexto, mecanismos como el Posei adquieren una dimensión aún más relevante: no solo compensan los sobrecostes derivados de la lejanía y la insularidad, sino también los perjuicios que las propias políticas comerciales europeas pueden causar a las economías ultraperiféricas.
Falta de flexibilidad
En el Caribe, a unos 6.700 kilómetros de la Europa continental, otro territorio francés comparte una realidad muy similar a la de La Reunión. El archipiélago de Guadalupe, formado por seis islas habitadas, es una de las nueve RUP que se verían gravemente afectadas por las reformas planteadas por la Comisión. “Tememos que, con la creación de fondos únicos, nos convirtamos en la variable de ajuste de Francia”, explica Cassandre Gatoux, representante de la región en Bruselas.
Allí, el Posei supone unos 70 millones de euros al año, “un presupuesto que permite alimentar a nuestra población”. El temor de Gatoux es que desaparezca o quede diluido dentro de otros programas agrícolas generales: “Entraríamos en procedimientos administrativos mucho más complejos, que serían muy difíciles de asumir para nuestra población”, advierte.
Estos cambios en los presupuestos son una piedra más en el camino de unos territorios que, pese a su gran dependencia de Europa, también sufren las consecuencias de la rigidez de algunas normas dictadas desde Bruselas. “Por ejemplo, en la exportación de residuos peligrosos. Tenemos baterías y otros productos que, dentro de la economía circular, deben destruirse fuera de nuestro territorio. La normativa europea nos obliga a enviarlos a Francia, pero eso nos cuesta muchísimo más caro”.
Otro de los ámbitos en los que estas regiones se encuentran en clara desventaja es el de las políticas climáticas. Desde enero, la Unión Europea aplica el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), una tasa sobre los productos de fuera cuya fabricación genera elevadas emisiones. Un sobrecoste que no afecta igual a una región continental que a unas RUP tan dependientes de las importaciones. “Por ejemplo, en el caso del cemento, los precios de producción para nuestras empresas se han triplicado”, denuncia.
La conectividad con el resto del territorio europeo es otro obstáculo bien conocido en Canarias y aún más acusado en Guadalupe, situada casi cuatro veces más lejos de la capital de su país. Desplazarse hasta Francia metropolitana resulta, en muchos casos, prohibitivo. “Tenemos mecanismos internos que permiten que los residentes paguen algo menos, pero, en cualquier caso, nunca se baja de 1.500 euros”. Una situación que podría empeorar aún más con la aplicación del ETS (Sistema Europeo de Comercio de Emisiones), la tasa climática que grava a las compañías aéreas y marítimas. Las RUP cuentan hoy con una exención hasta 2030, pero reclaman que se prorrogue para evitar un nuevo encarecimiento del transporte.
“A veces parece que en Europa olvidan que no tenemos trenes ni conexiones terrestres”, añade Sandra García, directora general de Asuntos Europeos de Azores. Las nueve islas que conforman este archipiélago portugués en el Atlántico comparten muchas de las dificultades y preocupaciones del resto de RUP. Con respecto a la nacionalización de los fondos, García defiende que “las instituciones regionales, porque están más cerca de la población y conocen mejor las dificultades y el potencial de cada territorio, son las más adecuadas para gestionar esos fondos”. Del mismo modo, advierte de que eliminar el Posei “es una línea roja para nosotros”.
Desde Azores aseguran que ni siquiera contemplan la desaparición de este programa como un escenario realista, aunque insisten en la necesidad de mantener una posición firme para evitar que las modificaciones perjudiquen a las RUP. “Corresponderá a los gobiernos regionales, a los gobiernos nacionales y a las instituciones europeas garantizar que el Posei siga siendo una base de nuestra sostenibilidad y desarrollo”.
España, menos firme en el Consejo Europeo
Todos estos intereses están ahora sobre el tablero, en unas negociaciones en las que algunos representantes regionales señalan la falta de compromiso del Estado español. “Francia y Portugal están defendiendo a las RUP en el Consejo Europeo; España, no tanto”. Desde Canarias, “enviamos constantemente documentación y propuestas a Madrid y pedimos que nos informen sobre cómo avanzan las negociaciones en el Consejo, pero no recibimos respuesta”, denuncia Celia Alberto.
Así, pese al reciente respaldo del Parlamento Europeo, aún queda un largo recorrido. No solo para que las necesidades específicas de las RUP se reflejen en el próximo marco financiero, sino también para evitar que la reforma agrave la situación de unos territorios donde la distancia, la insularidad y la dependencia del exterior siguen definiendo, día a día, su realidad.
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