Intersindical Canaria ha denunciado una situación de “gestión negligente” y “colapso” en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF), dependiente de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias. Según el sindicato, la falta de personal estructural y el uso de “parches temporales” están provocando retrasos de entre 3 y 5 años en la emisión de informes periciales, fundamentales para el desarrollo de los procedimientos judiciales.
El coste de las externalizaciones
La organización sindical señala que, mientras el servicio público opera con apenas la mitad de su plantilla, la Administración ha destinado 263.075,65 euros a la contratación de informes privados en Tenerife durante el periodo 2024-2025.
Basándose en la Resolución 490/2026, detallan que se han abonado un total de 75 informes a la empresa Godoy Consultores y Auditores SL, con un coste medio de 3.507,67 euros por cada uno. Intersindical subraya que con el coste de apenas doce de estos informes se sufragaría el salario anual de un empleado público, cuyo volumen de trabajo sería superior al de las consultoras externas.
Impacto en víctimas y menores
La falta de efectivos afecta de manera crítica a diversas áreas del sistema judicial:
- Violencia de Género: El déficit en la Unidad de Valoración Integral Forense (UVIF) impide la emisión ágil de informes multidisciplinares, debilitando la protección de mujeres e hijos.
- Ámbito de Familia: La parálisis técnica puede mantener a menores separados de sus familias durante años a la espera de una evaluación de riesgo.
- Procedimientos Penales: La carencia de especialistas provoca, en ocasiones, la prescripción de delitos, dejando a las víctimas sin resarcimiento legal.
- Justicia Juvenil: El retraso en la respuesta penal favorece la reincidencia de menores delincuentes.
Incumplimiento del Estatuto de la Víctima
El sindicato manifiesta que la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima es “papel mojado” en las Islas. Denuncian que el acompañamiento humano especializado ha sido sustituido por oficinas de información virtuales que carecen del asesoramiento integral y coordinado que exige la legislación vigente.
Esta situación de asfixia en la Función Pública coincide con el momento de mayor presión migratoria de la última década. Según los profesionales, la Administración ignora las advertencias de la Fiscalía y mantiene vacantes cronificadas en áreas de intervención social y psicológica.
Reclamaciones del colectivo
Ante este escenario de “abandono sistemático”, los profesionales del IMLCF exigen estabilidad y la creación de un Plan de Formación específico para el área forense. Asimismo, reclaman que se autorice la formación externa en tiempo y forma, junto con el abono inmediato de las dietas correspondientes, para garantizar la excelencia en la atención a colectivos desprotegidos como menores y personas con discapacidad.
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