tribuna

Cuando el remedio es peor que la enfermedad (las participaciones sociales y su ocultación)

Hay ocasiones en que determinados escándalos mediáticos ponen a la luz fallos estructurales en las leyes que, aunque conocidos, hasta tanto no irrumpen ruidosamente en los medios no se les busca solución. Uno es el caso de Santos Cerdán y Servinabar que -con independencia del resultado final que arrojen las investigaciones y los procedimientos judiciales correspondientes- ha puesto a la luz pública una cuestión delicada: el uso del documento privado como medio para la ocultación de titularidades y, con ello, favorecer prácticas de blanqueo o fraude fiscal. Nadie discute que la informalidad es útil en supuestos cotidianos de poca relevancia. Sin embargo, hay actos que por su importancia no deben ser informales. La transmisión de participaciones sociales constituye un ejemplo paradigmático de éstos últimos. El problema concreto desvelado a la ciudadanía es que, aunque la norma dice que la transmisión debe hacerse en escritura ante notario, no cierra la posibilidad de que la venta de participaciones se haga previamente en un documento privado, incluso años antes de acudir a la notaría. Durante la vida oculta del documento privado el pícaro retarda intencionalmente acudir al notario “ad calendas grecas” o incluso las trasmite sin llegar nunca a acudir. La solución a la enfermedad, por tanto, como indican los expertos es muy simple: no permitir que surtan efectos esas ventas en documento privado que hoy es posible hacer sin luz y taquígrafos antes de ir a la notaría y que producen efectos entre partes.

A pesar de la simplicidad de la solución, existe un proyecto de ley que aparentemente “tiene la intención” de curar la enfermedad. Suponemos que es bienintencionado. Pero hay diagnósticos que no aciertan y medicinas que en vez de curar matan. Me temo que este es el caso, pues, aunque presumamos la buena intención, no solo no tapa esta grieta de la muralla, sino que la agranda, abriendo de par en par la fortaleza a la ocultación y, por tanto, franqueando la entrada a la corrupción, ya que bendice el uso indiscriminado del documento privado en las ventas de participaciones (que es la enfermedad) y, como novedad, exige que se inscriban en el Registro Mercantil (que es la medicina). Esta propuesta es un dislate, pues hierra tanto en el diagnóstico como en el medicamento recetado. El drama es que, de aprobarse tal proyecto de Ley, tal cual está redactado, se dará alas al blanqueador ya que el documento privado se podrá seguir usando y ocultándose en el cajón y no llevarse a la notaría o al registro hasta que al pillo le interese.

Inexplicablemente, y para empeorar las cosas, además la norma proyectada pretende un retorno a épocas pasadas en las que se exigía la inscripción en el Registro Mercantil de las ventas de las participaciones sociales. Fue durante la presidencia de Felipe González cuando se suprimió este requisito para aproximarse a la legislación europea. Recuperar la inscripción a estas alturas nada aporta a lo existente, al contrario, lo empeora, pues entorpece el tráfico mercantil y la publicidad registral en estos casos es un riesgo para los socios cuyos datos quedan expuestos. Además la inscripción en el Registro Mercantil será inútil y redundante ya que existe una Base de Datos de Titular Real, del Consejo General del Notariado, que es discreta, gratuita y con acceso limitado y que, refiriéndose a ella, el hoy vicepresidente del Gobierno, Carlos Cuerpo en el Parlamento Europeo en el año 2024, “tenemos una base de datos (de titularidad real que ha sido señalada por numerosos informes como mejores prácticas, incluso por el GAFI (Grupo de Acción Financiera)” y es “una de las fortalezas del sistema español de lucha contra el blanqueo de capitales, porque facilita los datos necesarios para las diferentes partes interesadas. Esto era esencial antes de la recomendación de la Comisión Europea y es algo que ya está en marcha”.

Esperemos que no prospere aquella propuesta, ya que hay remedios que en vez de curar matan, pues, cuando el remedio ignora la naturaleza del mal, acaba siendo su aliado.

La pregunta ante semejante conclusión es: Quid prodest? Y, a poco que pensemos, sabemos a quién…

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