Existía un procedimiento judicial propiamente castellano, que consistía en revisar concienzudamente el ejercicio del oficio público de un alto funcionario de la Corona cuando sus cometidos habían llegado a término. A partir del siglo XIV, era prácticamente automática la celebración del denominado “juicio de residencia”, en el que durante meses un juez debía realizar una completa indagación donde se analizaba el grado de cumplimiento por el oficial público de las funciones que se le habían marcado al comienzo de su desempeño. No podía ascender de posición, ni obtener otro destino, hasta que no superase este proceso. Incluso se le embargaba cautelarmente parte de su patrimonio, por si tuviera que hacer frente a futuras indemnizaciones. El Consejo Real tenía la última palabra y sus sentencias eran inapelables. Desde virreyes hasta gobernadores, pasando por conquistadores, todos estaban expuestos a este juicio. Ningún servidor de la Corona estaba exento de rendir cuentas. No se amnistiaba a nadie y todos estaban sometidos al dedo acusador de sus enemigos. Eso sí, quien superaba este juicio, pasaba a un estatus superior donde su probada honradez le abría puertas a nuevos y superiores encargos por parte de la Corona.
En lo que a Canarias se refiere, los juicios de residencia más notorios fueron los que enjuiciaron a Alonso Fernández de Lugo, I Adelantado de Canarias. Sumido siempre en la polémica, se lo investigó por primera vez por la esclavización ilegal de benahoaritas durante la conquista de La Palma (1493). Una aborigen de aquella isla, llamada Francisca Gazmira, lo acusó en 1495 ante la Corte por haber esclavizado a palmeros que habían concertado paces, abrazado la fe cristiana y, en consecuencia, siendo vasallos de los Reyes Católicos, lo que implicaba la prohibición absoluta de venderlos como esclavos.
Hombre afamado por ser desleal, déspota y amigo de servirse del engaño sin limitaciones morales, Lugo salió indemne de aquella primera acusación. Pero otro procurador de los aborígenes, Rodrigo de Betanzos, volvió a denunciarlo en 1498 por violentar los pactos de paces, en este caso con los guanches del Sur de Tenerife. La Corona envía como juez de residencia al nuevo gobernador de Gran Canaria, Lope Sánchez de Valenzuela. Probado el secuestro ilegal de guanches, se supone que el fallo judicial fue favorable para aquellos, pues, aunque no ha llegado la sentencia a nuestros días, consta que fueron liberados y que a partir de 1512 no hubo constancia de más denuncias por esclavización.
Como no hay dos sin tres, se le acusa también de haber hecho repartimientos de tierra de manera arbitraria. Vuelven los jueces reales a someter su actuación a revisión, siendo nuevamente un gobernador de Gran Canaria, Lope de Sosa, el encargado de instruir las pesquisas como juez de residencia en 1508. Los agravios de los que se acusa ahora a Fernández de Lugo fueron: abuso de poder, imposición ilegal de tributos, violaciones, contrabando de grano con Portugal, nepotismo en la colocación de familiares en los cargos más importantes y encarcelamientos arbitrarios. En definitiva, por haber implantado un reino de corrupción institucional generalizado. Este último juicio de residencia no acabó ni en destitución ni con la ruina del Adelantado, sino con una resolución ambigua: se reconocieron los abusos, pero prevaleció el interés de la Corona. Lo que se evidenció es que se trató de un tipejo en toda la extensión del término.
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