El Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) ha vuelto a manifestar la “extrema gravedad” que atraviesa la administración de Justicia en el sur, donde citan, “el incremento constante de la litigiosidad y la falta de medios humanos y materiales han derivado en un auténtico colapso estructural”.
El presidente del CEST, Javier Cabrera, asegura que “el sur lleva demasiados años soportando una situación insostenible que afecta directamente a ciudadanos, trabajadores, autónomos y empresas. No estamos hablando únicamente de números, hablamos de derechos fundamentales y de la necesidad de contar con una justicia moderna, eficiente y acorde al peso económico y social de nuestra comarca”.
Según recoge la Memoria Anual del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el año 2024 volvió a situar al Archipiélago como la comunidad autónoma con mayor tasa de litigiosidad del Estado, alcanzando los 212,51 pleitos por cada 1.000 habitantes. Dentro de este escenario, los juzgados del sur registraron un importante crecimiento, como que Arona incrementó los asuntos en un 8,06%, alcanzando los 29.555 procedimientos; mientras que Granadilla de Abona aumentó un 7,41%, con 11.804 asuntos registrados.
Para el CEST, esta realidad refleja la presión que soporta una comarca cuya economía gira principalmente en torno al sector servicios que, por su naturaleza tiende a ser más pleitista por lo que exige respuestas inmediatas y planificación a largo plazo.
El Círculo considera especialmente preocupante la situación de la sede judicial de Granadilla de Abona, descrita en la propia memoria del TSJC como “una instalación obsoleta, carente de funcionalidad y sin las condiciones mínimas para garantizar una atención adecuada y segura tanto a profesionales como a la ciudadanía y cuyas medidas de seguridad son insuficientes al carecer de plan de evacuación”.
“Resulta incomprensible que en una de las zonas con mayor crecimiento poblacional y económico de Canarias exista un juzgado tan antiguo y con carencias tan graves. El sur merece unas infraestructuras judiciales dignas y funcionales”, añade.
El Círculo advierte además de las consecuencias directas que este colapso genera sobre la sociedad y la economía, que se reflejan en “retrasos interminables en procedimientos, inseguridad jurídica, perjuicios económicos, bloqueo de inversiones y una creciente desconfianza hacia el sistema judicial”.
“Cuando la Justicia llega tarde, todos perdemos”, subraya Cabrera.
A su juicio, se “precisan reformas estructurales profundas, entre ellas la reunificación de los juzgados de Arona y Granadilla”, una propuesta planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y respaldada por los operadores jurídicos del sur de Tenerife, es una medida que persigue el objetivo de optimizar los recursos materiales humanos.