En lo que va de año, en España han sido registrados veinte asesinatos por violencia de género. Desde 2003, suman mil trescientos sesenta y uno. Esto quiere decir que esta modalidad sigue mostrando su cara más brutal en nuestro país. Estamos, pues, ante una violencia estructural que persiste pese a los avances legislativos. Los datos oficiales (Ministerio de Igualdad) son el reflejo de una realidad que interpela a las instituciones y a la sociedad misma. O lo que es igual, cada asesinato evidencia fallos en los mecanismos de prevención, detección y protección. Sin olvidar que este fenómeno afecta también a los menores que son víctimas directas o son utilizados como elemento de daño en el marco de la denominada violencia vicaria, una de las formas más extremas de la violencia machista, de la violencia criminal. Amnistía Internacional (AI) define la violencia de género como cualquier acto de violencia dirigido contra las mujeres por el hecho de serlo o que las afecta de manera desproporcionada. Se trata de una manifestación de la discriminación y de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Este tipo de violencia puede producirse en distintos ámbitos de la vida, tanto en el espacio privado como en el público, y adoptar múltiples formas. Incluye agresiones físicas, sexuales o psicológicas, amenazas, coacción, control económico, aislamiento, acoso u otras conductas que causan daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y limitan el ejercicio de sus derechos humanos. Los organismos internacionales de derechos humanos han reconocido la violencia de género como una grave transgresión de tales derechos. Este fenómeno afecta al derecho a la vida, a la integridad física y psicológica, a la libertad, a la seguridad y a la igualdad. Desde esta perspectiva, según precisa AI, los Estados tienen la obligación de prevenir la violencia contra las mujeres, proteger a las víctimas, investigar los hechos, sancionar a los responsables, garantizar reparación y adoptar medidas para que estas violencias no se repitan. La ministra de Igualdad, Ana Redondo; y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, han condenado rotundamente un último episodio de esta naturaleza sucedido en Alicante. Ambas responsables coincidieron en reclamar la intensificación de todos los esfuerzos institucionales y sociales para evitar más asesinatos y mejorar la protección de las mujeres en situación de riesgo. Recordemos que en España la violencia de género está definida jurídicamente por la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género que es reconocida como la ejercida contra las mujeres por quienes sean o hayan sido sus parejas o exparejas, incluso cuando no haya existido convivencia. Según esta normativa, la violencia de género comprende cualquier acto de violencia física o psicológica (incluida la violencia sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad) empleado en ese contexto de relación. El repunte de asesinatos en los primeros meses del año refuerza la preocupación de expertos y autoridades, que advierten de la persistencia de factores de riesgo como las denuncias previas o la reincidencia de los agresores. Entonces, si la violencia machista o criminal constituye, de suyo, una verdadera lacra, una manifestación de desigualdad estructural entre hombres y mujeres, así como una grave vulneración de los derechos humanos, erradicarla es un objetivo prioritario y exige una respuesta integral, sostenida y coordinada entre instituciones y agentes sociales. Reconocer este carácter estructural de la violencia de género es fundamental para abordarla de forma eficaz. Esto implica adoptar políticas públicas integrales que no solo respondan a los casos de violencia cuando se producen, sino que también actúen sobre sus causas profundas, transformen los patrones socioculturales y los estereotipos de género, y tengan en cuenta cómo otras formas de discriminación agravan la incertidumbre o los riesgos que sufren muchas mujeres.
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