Giro crítico en el transporte sanitario del Archipiélago. Los sindicatos CCOO, USO y CSIF han ratificado formalmente la convocatoria de huelga para las ambulancias de Canarias, una contundente medida de fuerza que afectará de forma directa a los más de 2.000 trabajadores que componen el sector en las Islas.
La decisión se ha tomado tras el rotundo fracaso de la reunión de mediación celebrada este viernes, donde las empresas y los representantes de los trabajadores no lograron arrancar ni un solo avance sustancial para desatascar el conflicto laboral.
Los paros programados comenzarán a jornada completa durante los días 8 y 19 de junio. No obstante, el escenario real de preocupación sectorial se sitúa un paso más allá: si no se alcanza un acuerdo inmediato, la movilización se transformará en una huelga indefinida que paralizará el servicio todos los viernes de cada semana de manera consecutiva.
Bloqueo institucional en las ambulancias de Canarias
El detonante de esta grave crisis sectorial es la parálisis en la actualización de los salarios con respecto al coste de la vida en las islas. Desde el comité de huelga recuerdan que los profesionales del transporte de las ambulancias de Canarias acumulan más de dos años con las retribuciones completamente congeladas, concretamente desde que venciera el último acuerdo económico a finales del pasado año 2024.
“Son los empresarios y el Gobierno de Canarias los que nos llevan a la calle a reclamar nuestros derechos; es que no nos queda otro recurso”, ha aseverado con dureza Enrique Espí, máximo responsable de la Sección de Ambulancias de Comisiones Obreras (CCOO) en el Archipiélago, tras levantarse de una mesa de negociación que apenas duró una hora en la sede del Servicio Canario de Mediación y Arbitraje. La indignación del colectivo es mayúscula, ya que consideran que la plantilla ha sostenido el servicio público asumiendo pérdidas de poder adquisitivo intolerables mientras los costes generales no paran de subir.
Un contrato millonario bajo prórrogas y retrasos del SCS
El trasfondo técnico que bloquea una salida pacífica al conflicto de las ambulancias de Canarias radica en la licitación del nuevo macrocontrato de adjudicación del Servicio Canario de la Salud (SCS). El anterior concurso público expiró también el 31 de diciembre de 2024 y, desde entonces, el Ejecutivo autonómico ha ido encadenando prórrogas —primero de un año y luego de dos— a la espera de redactar los nuevos pliegos de condiciones. Actualmente, el servicio opera bajo un aplazamiento provisional excepcional de 9 meses de duración que tiene como fecha límite el próximo mes de septiembre.
Los representantes sindicales acusan de forma directa a la administración de lavarse las manos y actuar como un mero espectador pasivo. Según los sindicatos, el problema se solucionaría por completo si el Gobierno de Canarias se implicara activamente en los pliegos del concurso, blindando por ley y bajo requisitos contractuales obligatorios que la empresa que resulte adjudicataria final del transporte sanitario deba indexar y actualizar los sueldos de los trabajadores de acuerdo a la legalidad y al IPC real.
La pasividad del Gobierno de Canarias aboca al colapso
La nula efectividad de la estrategia política mantenida hasta ahora por la Consejería de Sanidad quedó en evidencia durante la última cita de arbitraje. Los sindicatos critican que el Ejecutivo regional se limitó exclusivamente a citar a las partes de forma fría para pedirles que “arreglaran la situación”, pero sin sentarse físicamente a aportar soluciones ni aportar las garantías presupuestarias necesarias sobre el futuro concurso público de las ambulancias de Canarias.
Ante la falta de acompañamiento e implicación institucional en la mesa, los delegados de los tres sindicatos convocantes abandonaron de forma unánime el encuentro para confirmar ante los medios de comunicación que el calendario de protestas sigue adelante sin modificaciones. Con el reloj corriendo en contra y el mes de junio ya iniciado, el transporte sanitario de las islas —tanto en su vertiente de urgencias urgentes como en el traslado de pacientes para tratamientos programados de diálisis u oncología— se encamina hacia un escenario de colapso logístico si el Ejecutivo central de las islas no interviene de manera urgente e inmediata.