Giro drástico en la sanidad pública del Archipiélago. El Sindicato Médico de Canarias (CESM) ha anunciado oficialmente su adhesión a la campaña nacional ‘STOP FUNCIONA’, una contundente medida de protesta que provocará que los médicos de Canarias dejen de prestar servicios extraordinarios de forma voluntaria a partir del próximo lunes.
Esta decisión supone la suspensión fulminante de las populares ‘peonadas’, los programas especiales de tarde y cualquier prolongación de la jornada laboral que no esté estrictamente recogida en sus contratos obligatorios.
La medida, que promete tensionar severamente la capacidad asistencial de las islas, afecta de entrada a los cuatro hospitales universitarios capitalinos y al servicio de Radiología del Hospital Doctor Molina Orosa de Lanzarote, aunque el sindicato ya advierte de que la lista de centros adheridos seguirá creciendo de forma notable durante los próximos días.
Bloqueo en los hospitales por el plantón de los médicos de Canarias
La paralización de esta actividad voluntaria hiere de gravedad al corazón de la gestión sanitaria en las islas. Desde el CESM recuerdan que una parte vital de las consultas, operaciones y pruebas diagnósticas que logran contener el colapso de las abultadas listas de espera en la comunidad autónoma se sostienen, de manera exclusiva, gracias al compromiso y al sobreesfuerzo horario que realizan los médicos de Canarias.
Al retirar esta voluntariedad, el rendimiento de los centros hospitalarios públicos se limitará estrictamente al horario ordinario, lo que ralentizará la atención médica de miles de usuarios del Servicio Canario de la Salud (SCS). La organización médica recalca que la plantilla ha demostrado una enorme responsabilidad y paciencia con los pacientes durante meses, pero argumentan que la situación actual se ha vuelto insostenible. Los facultativos se niegan a seguir tapando de forma indefinida las carencias estructurales de la administración con su propio tiempo de descanso.
Las razones de la protesta de los médicos de Canarias: salario y guardias
Detrás de este parón generalizado se esconde un profundo malestar laboral que viene arrastrándose desde hace años. Las principales reivindicaciones de los médicos de Canarias se centran en una mejora sustancial de las condiciones retributivas y el cumplimiento estricto de los acuerdos sectoriales firmados en el pasado que, según denuncian, han quedado en papel mojado.
Asimismo, el colectivo exige la adecuación urgente de las plantillas médicas a la realidad demográfica de las islas, una profunda revisión y mejora de las condiciones de las guardias de 24 horas —así como los descansos posteriores obligatorios— y el reconocimiento legal y profesional de la singular responsabilidad civil y sanitaria que asumen cada día en sus puestos de trabajo. Desde el punto de vista estatal, la movilización también persigue la creación de un Estatuto propio para la profesión médica que distinga sus condiciones de las del resto del funcionariado público.
Sin propuestas por escrito del Servicio Canario de la Salud
El detonante definitivo de este conflicto sectorial ha sido, según el sindicato —el único con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad—, la falta de avances reales con el Ejecutivo autonómico. A pesar de los repetidos compromisos verbales manifestados por la dirección del SCS para abordar la crisis, los médicos de Canarias critican con dureza que siguen sin existir propuestas puestas por escrito, medidas económicas concretas ni un calendario de negociación real y vinculante.
Ante este panorama de parálisis institucional, el sindicato médico ha señalado directamente a los máximos responsables de la gestión pública del Archipiélago. Consideran que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; la consejera de Sanidad, Esther Monzón; y el director del SCS, Adasat Goya, deben asumir en primera persona la responsabilidad de las consecuencias negativas, retrasos e incidencias que esta legítima protesta va a infligir sobre la ciudadanía canaria a las puertas del periodo estival. Con todo, la organización insiste en que se trata de una medida “proporcionada y reversible”, cuya única meta es forzar una negociación seria de la que emane un acuerdo urgente para salvar la sostenibilidad del sistema sanitario regional.
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