Siete minutos. Siete minutos de ovación cerrada, de pie, con palmas en alto y hasta ocho vítores de «¡Viva el Papa!» brotando del hemiciclo. La mayoría del Congreso se sumó al aplauso, pero nadie lo hizo con más entusiasmo aparente que los representantes del Partido Popular y de Vox, los mismos que durante el último año han presentado recurso tras recurso para que ni un solo menor migrante llegado a Canarias fuera acogido en sus comunidades, los mismos que han dejado colapsar los servicios de atención de esta Comunidad bajo el peso de una crisis que ellos han contribuido activamente a perpetuar. Siete minutos aplaudiendo lo que llevan casi dos años saboteando. Pocas veces en la historia reciente de este país la hipocresía ha sido tan ruidosa, tan fotogénica y tan absolutamente desvergonzada tras el discurso de León XIV que centró su histórica intervención ante las Cortes en el fenómeno de la migración, “un auténtico drama que debe convertirse en examen de conciencia para toda Europa”.
Tras su paso por Madrid y Barcelona, el Papa llegó a Canarias con un mensaje que no admitía lecturas convenientes. En Arguineguín habló de migrantes «marcados por el miedo, el hambre y la violencia» y advirtió que Europa no puede acostumbrarse a que el Atlántico sea un «cementerio sin lápidas». En Tenerife fue más lejos y alertó sobre el «segundo naufragio silencioso»: el que ocurre cuando un ser humano sobrevive a la travesía y luego queda abandonado, sin lengua, sin trabajo, sin vínculos. «Integrar es impedir ese segundo naufragio», añadió. Bendijo una cruz hecha con madera de cayucos. Abrazó a migrantes. Hizo lo que ninguno de los políticos hipócritas que le ovacionarían ha tenido la decencia de hacer: tratar a estas personas como lo que son. Seres humanos en plena indefensión.
Conviene repasar brevemente el historial de cada uno de los entusiastas. Alberto Núñez Feijóo, presidente nacional del PP, dijo que no hay «una política migratoria más mezquina que la de repartir menores migrantes según quién gobierne en la comunidad autónoma». Tiene razón, aunque no de la forma que él pretende: la mezquindad es exactamente lo que su partido lleva practicando, convertir el sufrimiento de las niñas y niños migrantes no acompañados en baza de desgaste político. Isabel Díaz Ayuso, además de negarse a acoger a estas criaturas en Madrid, recurrió a los tribunales para blindar esa negativa mientras acusaba al Gobierno de no querer dialogar, un ejercicio de desvergüenza que requiere cierta admiración técnica. Y luego está Santiago Abascal, líder de Vox, que no necesita el envoltorio retórico de los anteriores. Cuando el barco de rescate Open Arms atracó en el puerto de Santa Cruz de Tenerife el pasado agosto, el líder de Vox publicó que «ese barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo, para que sirva de advertencia». Al preguntarle si lo mantenía, respondió: «Sí, hay que hundirlo.» La respuesta del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, no se hizo esperar: «son declaraciones de un auténtico fascista y un xenófobo». El director de Open Arms fue igual de contundente: «Decir que hay que hundir un barco que salva vidas es fascismo puro.» Ese es el hombre que esta semana gritaba «¡Viva el Papa!» desde su escaño. Si la ironía tuviera vergüenza, se habría muerto aquella tarde. A todo esto hay que añadir a Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias y jefe del PP en las islas, quien tuvo durante un año la posición y la autoridad para presionar a su partido en Madrid y eligió no molestar a sus señoritos continentales mientras los centros de acogida de su propia tierra se desbordaban. Esta semana también estaba cerca del Papa. Con esa obsesiva y apresurada determinación fotogénica en redes sociales que nunca tuvo cuando la necesitaban las niñas y niños africanos acogidos en su tierra, supervivientes de terroríficas travesías en cayucos inmundos.
Dicho esto, y para ser justos, ni el Gobierno de España ni los partidos que lo sustentan han salido airosos de este asunto. La gestión de la crisis migratoria en Canarias ha tenido también sus propios momentos de improvisación, de mensajes contradictorios y de una negociación que en demasiadas ocasiones derivó en un intercambio de declaraciones más útil para el choque político que para los menores que dormían hacinados esperando que alguien llegara a un acuerdo. Finalmente, la cordura se impuso y la coalición de gobierno logró aglutinar la mayoría de votos necesaria para resolver la crisis. La responsabilidad de haber bloqueado el reparto es inequívocamente de quienes lo bloquearon.
Mientras tanto, en Extremadura, Aragón, Andalucía y otras comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox se asume ya con total normalidad la llamada «prioridad nacional»: el principio que da preferencia legal y económica a los ciudadanos españoles sobre los extranjeros en el acceso a recursos del Estado. El mismo PP cuyos dirigentes llamaron en su momento a este principio un «eslogan hueco» lo implementa hoy donde necesita los votos de Vox para gobernar. Es decir, mientras el Papa ha pedido durante toda esta semana en España que Europa no trate a los migrantes como enemigos, PP y Vox legislan juntos y sin pudor alguno para convertirlos exactamente en eso: en ciudadanos de segunda. Aplauden al Papa. Y gobiernan contra lo que dice el Papa. La contradicción no les incomoda porque la contradicción es, precisamente, el método de los hipócritas.
León XIV dejó en Canarias una frase que debería arder en la conciencia de quienes se apresuraron a ovacionarle: «este drama debe convertirse en examen de conciencia». Lo dijo mirando al mismo mar que se ha tragado a miles de personas, en las mismas islas que llevan años recibiendo cayucos mientras el resto de España mira hacia otro lado. Feijóo, Ayuso, Abascal y Domínguez escucharon todo eso, se pusieron en pie, aplaudieron, gritaron «¡Viva el Papa!» y volvieron a casa. A seguir gobernando con quienes exigen «prioridad nacional». A seguir calculando cuánto rédito electoral pueden extraer de la miseria ajena antes de que llegue la próxima foto conveniente. Con la conciencia tan impecable como la tienen quienes nunca la tuvieron. Y con la hipocresía absolutamente intacta, reluciente, a prueba de cayucos, de Papas y de siete minutos de aplauso. Pero les falta una variable en sus cálculos, y es la más importante: las ciudadanas y ciudadanos no son tontos. Llevan la cuenta. Saben quién presentó los recursos. Saben quién pidió hundir barcos de rescate. Saben quién dijo «ni aquí, ni allá, ni en ningún sitio» mientras los niños malvivían hacinados en Canarias. Y saben también que una foto con el Papa no cambia nada de todo eso. Hay un tipo de aplauso que no se da de pie en el hemiciclo, ni en la explanada de un muelle, que no dura siete minutos y que no lo captan las cámaras de televisión: se da en el interior de una cabina cerrada, con papeleta en mano, en silencio. Y a diferencia del que retumbó esta semana en el Congreso, ese aplauso sí tiene consecuencias. Las elecciones están a la vuelta de la esquina. Y aunque la hipocresía pueda llegar a perdonarse, hay algo que la ciudadanía rara vez absuelve: que la tomen por idiota. Ese es el único pecado que las urnas castigan sin apelación.
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