La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas han instruido diligencias por un presunto delito contra la flora y la fauna, tras la localización e intervención cautelar de diecinueve ejemplares vivos de diferentes especies exóticas, algunas de ellas incluidas en normativa CITES y catalogadas como especies exóticas invasoras en Canarias.
Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de abril de 2026, cuando, en el marco de la denominada Operación Leaks practicada por la Guardia Civil, se procedió al registro en una vivienda ubicada en el municipio de la Villa de Santa Brígida (Las Palmas).
Durante el registro, los agentes del SEPRONA localizaron un cuarto en el que se hallaban diversos ejemplares de fauna exótica, principalmente reptiles y anfibios procedentes de distintas especies tropicales, mantenidos en terrarios y recipientes de plástico. Entre ellos se encontraban iguanas, distintas especies de camaleones y de gecos, dragones barbudos y ranas tropicales. Parte de los animales intervenidos se encontraban incluidos en el Convenio CITES y otros catalogados como especies exóticas invasoras.
El informe de ingreso emitido por la Fundación Neotrópico confirmó que los diecinueve ejemplares carecían de microchip identificativo.
Asimismo, el análisis taxonómico realizado determinó la existencia de cinco ejemplares cuyo comercio está controlado: dos iguanas comunes, un camaleón pantera, dos camaleones de Jackson.
Además, se encontraron dos ejemplares de iguanas comunes catalogados como especies exóticas invasoras en Canarias, ejemplares sometidos a seguimiento para preservar su conservación y ejemplares correspondientes a especies no reguladas en ningún listado de protección o control del comercio internacional.
Igualmente, se acredita que existen al menos tres parejas reproductoras entre las especies intervenidas, encontrándose una hembra en estado de gestación, circunstancia que, podría generar un riesgo para el equilibrio de la biodiversidad en caso de pérdida, escape o liberación en el medio natural.
De acuerdo con las diligencias instruidas, los hechos podrían ser constitutivos de delitos contra la flora y la fauna previstos en los artículos 333 y 334 del Código Penal.
Las actuaciones policiales reflejaron además que la vivienda objeto de registro se encontraba enclavada en el Espacio Natural Protegido de Tafira, circunstancia que motivó la comunicación de los hechos a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias para la correspondiente valoración técnica y ambiental.
La medida adoptada tuvo como finalidad garantizar la protección de los ejemplares vivos, evitar su posible desaparición, traslado o liberación incontrolada en el medio natural y preservar el bien jurídico protegido mientras continúan las actuaciones judiciales y administrativas correspondientes.
Todo ello se ha puesto en conocimiento a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia de Las Palmas de Gran Canaria.