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Investigan una macroestafa en clínicas estéticas de Tenerife y Gran Canaria con 172 afectados: el caso salta a la Audiencia Nacional

La empresa seguía cobrando tratamientos en Canarias a sabiendas de su cierre inminente
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Archivo - Coche de la Policía Nacional

La Policía Nacional ha investigado al administrador único de una empresa y a la directora general, además de identificar a otras tres personas, por su participación en una presunta una estafa en clínicas de tratamientos estéticos y de depilación láser con 172 afectados en las islas de Tenerife y Gran Canaria.

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias, la investigación se inició en octubre de 2025 tras la denuncia de una clienta que había contratado diversos tratamientos en una clínica de estética de Las Palmas de Gran Canaria y que cerró de manera repentina poco después sin prestar los servicios.

A esta primera denuncia se sumaron luego numerosas reclamaciones de otros clientes, lo que ha permitido a los investigadores detectar un patrón común en el archipiélago.

Las gestiones policiales comprobaron que los responsables de la empresa continuaron ofreciendo, comercializando y cobrando tratamientos de belleza y depilación láser a pesar de conocer la delicada situación económica y la imposibilidad de prestar los servicios.

No pagaban nóminas, pero seguían cobrando tratamientos

Según la investigación, la empresa arrastraba impagos de alquileres y nóminas mientras seguía captando nuevos clientes y obteniendo ingresos.

Como consecuencia, decenas de usuarios abonaron por adelantado o financiaron tratamientos que nunca han recibido, de forma que al menos 40 de los afectados no han podido disfrutar de ninguna sesión.

Las pesquisas concluyeron con la imputación del administrador único de la empresa y de la directora general, ambos con edades comprendidas entre los 40 y los 50 años, y la identificación de otras tres personas por su presunta participación en los hechos.

La Policía Nacional ha indicado que debido al elevado número de perjudicados, a la existencia de numerosas empresas vinculadas al mismo administrador y a la posible afectación en distintos puntos del territorio nacional, la causa ha pasado a ser competencia de la Audiencia Nacional.

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