Todos hemos contemplado en la naturaleza lo que pasa con las especies invasoras. Piense en el rabo de gato, esa planta que invade nuestras islas, que llegó discreta y tímidamente y terminó ocupándolo todo, alterando el equilibrio natural, desplazando a la flora endémica y transformando el paisaje. Algo inquietantemente similar parece estar ocurriendo en determinados sectores de las profesiones jurídicas en España, y más concreta y directamente en el gremio de los registradores.
El pasado 4 de junio se dictó sentencia por el Tribunal Supremo en la que se dio la razón a la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV), y se reiteró lo ya dicho hace unas semanas en relación con la demanda interpuesta por la Comunidad Autónoma de Valencia. Estas sentencias, a pesar de su relevancia social están pasando desapercibidas. En ellas se desautoriza y declara la nulidad del Registro Único de arrendamientos de corta duración, cuya explotación económica se atribuyó a los registradores de la propiedad, que habían supuesto un dolor de cabeza y cúmulo de trámites y gastos innecesarios a los propietarios de estas viviendas.
En los últimos años hemos asistido a una expansión constante de estos profesionales, los registradores, hacia ámbitos que, por su naturaleza, pertenecían al terreno de la administración pública, de los jueces, de los notarios o del catastro. Se trata de una tendencia acumulativa y progresiva que empieza a generar inquietud entre los operadores jurídicos y los ciudadanos.
El ejemplo paradigmático, que no el único de esta tendencia expansiva, es hoy el Registro de Vivienda Vacacional. Se trataba de una duplicidad innecesaria, una extralimitación competencial, denunciada por las Comunidades Autónomas que ya contaban con sus registros propios. Pero sobre todo fue criticado por las asociaciones. Esta nueva exigencia no surgió de un vacío normativo, sino en un contexto en el que ya existían registros autonómicos obligatorios, plenamente operativos y funcionales. La consecuencia era evidente: duplicidad de registros, duplicidad de trámites, retrasos, gastos para los ciudadanos y un gran negocio para los registradores mediante la creación artificial de una nueva fuente de ingresos.
Pero lo verdaderamente preocupante es que el caso del Registro de Vivienda Vacacional no es un episodio aislado, sino el último ejemplo de una tendencia mucho más amplia, como en su día lo fue el intento de los registradores de hacerse con el Registro Civil o actualmente las bases gráficas registrales, en duplicidad con el Catastro, o el intento de inscripción de participaciones sociales en el registro a través del Anteproyecto de Ley de Integridad Pública, que, por lo que dicen los expertos de aprobarse va a suponer también ingentes ingresos para unos pocos profesionales.
Cuando con cada nueva asunción de competencias, no bien justificada, se genera más ingresos para el registrador y nuevas y más cargas para el ciudadano, el sistema corre el riesgo de transformarse en algo distinto de lo que pretendía ser: un entramado cada vez más denso, más caro y menos ágil en beneficio de unos pocos. Y en el mundo económico, como en la naturaleza, no toda expansión es benéfica, a veces, es simplemente invasión. El verdadero problema no es una medida singular sino una tendencia irrefrenable de expansión continua hacia nuevos ámbitos, con dos notas para el ciudadano: requisito obligatorio y pasar por caja. Si un grupo de profesionales extiende su presencia de manera constante en ámbitos ajenos a lo suyo, sin que exista una reflexión crítica suficiente sobre su necesidad real, ni sobre su organización, surge inevitablemente una pregunta incómoda: ¿quién impulsa realmente esta expansión?
En los círculos mediáticos, políticos, empresariales y jurídicos se habla desde hace años de la eficacia del lobby de los registradores, un grupo bien organizado y con una presencia notable en muchos espacios. No es una exageración retórica, es una realidad conocida en los ámbitos profesionales, donde la influencia y la cercanía institucional pueden convertirse en medios y herramientas útiles para proponer, orientar y recomendar reformas. Pero ningún lobby prospera sin respaldo. Ninguna expansión normativa se produce sin apoyos. Ninguna atribución de nuevas funciones nace en el vacío. Toda estructura expansiva necesita padrinos institucionales, apoyos discretos, decisiones políticas, incluso bienintencionadas, que permitan que determinadas iniciativas prosperen.
Por eso, el debate que hoy se abre no debería limitarse sólo a los aspectos jurídicos y económicos. Debe ampliarse a una cuestión más profunda y más democrática: quién decide, con qué criterios y en beneficio de quién se diseñan las nuevas obligaciones que afectan a millones de ciudadanos. Porque, cuando la creación de nuevas cargas coincide sistemáticamente con la generación de nuevos ingresos para los mismos, la sospecha deja de ser retórica y se convierte en una exigencia legítima de transparencia. Y, en un Estado de Derecho moderno, la transparencia no debe exigirse solo a los ciudadanos. También debe exigirse -y con mayor intensidad- a quienes diseñan las reglas y a quienes se benefician de su aplicación.
De lo contrario, se corre el riesgo de que el sistema legal deje de percibirse por la ciudadanía como un instrumento al servicio del interés general y empiece a verse, cada vez más, como el resultado de influencias silenciosas, padrinos discretos y lobbies eficaces. Y cuando esa percepción se instala en la sociedad, el verdadero daño no es económico ni burocrático. Es institucional, democrático y moral.
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