Unos cincuenta colectivos se dieron cita ayer en La laguna convocados por el Sindicato de Inquilinas de Tenerife (SIT) para defender el derecho a la vivienda y denunciar el avance de la especulación inmobiliaria que, a su juicio, continúa expulsando a vecinas, trabajadores y familias de sus barrios y municipios.
La movilización partió del parque Estudiante Javier Fernández Quesada y congregó a una multitud en una ruidosa protesta que recorrió varias calles de La Laguna y en la que participaron organizaciones sociales, sindicales, vecinales, estudiantiles, feministas, ecologistas y culturales de las Islas.
Según explica el SIT, “este amplio respaldo refleja que la crisis de vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas que enfrenta la clase trabajadora canaria y requiere una respuesta colectiva a la altura de la emergencia social que vivimos”.
“Vivienda al servicio de la rentabilidad”
A su juicio, la actual situación habitacional no es fruto de la casualidad ni de circunstancias excepcionales. “Es la consecuencia directa de un modelo económico que ha puesto la vivienda al servicio de la rentabilidad privada”.
Los precios del alquiler y de la compraventa se han disparado durante la última década, duplicándose en numerosos municipios, mientras los salarios permanecen estancados y las condiciones de vida empeoran, indica el Sindicato de Inquilinas. Según señala este colectivo, la situación es especialmente preocupante en las principales áreas urbanas del Archipiélago.
Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife registran algunos de los mayores niveles de concentración de propiedad en el mercado del alquiler de todo el Estado, evidenciando que el problema no responde a una supuesta escasez de vivienda, sino a quién controla ese parque residencial y con qué finalidad. Considera, además, que en Canarias, la crisis habitacional está estrechamente ligada a la turistificación del territorio. La expansión del alquiler vacacional, el crecimiento de los alquileres temporales, la inversión extranjera y la conversión de la vivienda en un activo financiero han reducido drásticamente la oferta de vivienda habitual.
Por todo ello, el Sindicato de Inquilinas plantea un Plan de Emergencia Habitacional con 13 medidas urgentes y de aplicación inmediata, entre las que figura la declaración de zonas tensionadas y aplicación efectiva de topes al alquiler; la recuperación de viviendas vacías mediante políticas fiscales contundentes a grandes tenedores; el fin de la compra especulativa de vivienda; la eliminación de campañas institucionales para atraer nómadas digitales, entre otras.





















