El Pleno del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ha aprobado la moción presentada por Drago Verdes Canarias para aplicar una subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas vacías localizadas en el municipio.
Esta medida fiscal persigue el objetivo directo de incentivar la movilización y la incorporación al mercado inmobiliario de aquellos inmuebles residenciales que actualmente permanecen desocupados de forma permanente.
La iniciativa plenaria ha salido adelante con el respaldo mayoritario de la corporación local, registrando únicamente los votos en contra del Partido Popular.
El documento técnico refrendado por los grupos políticos establece la obligación de presentar una hoja de ruta formal en un plazo máximo de tres meses.
Asimismo, el Ayuntamiento se compromete a elaborar, redactar y someter a debate una propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles con anterioridad a la tramitación y aprobación definitiva de las próximas ordenanzas fiscales de la administración municipal.
Antecedentes del recargo y herramientas técnicas
Este acuerdo institucional da continuidad a una moción de características similares promovida por Drago Verdes Canarias en noviembre. En aquel periodo inicial, el texto que asumió el Equipo de Gobierno local se limitaba formalmente a la apertura de los “estudios pertinentes” para el desarrollo normativo del recargo tributario a los grandes tenedores y propietarios con viviendas sin ocupar de forma estable.
Posteriormente a dicha aprobación, el Equipo de Gobierno comunicó de manera pública la puesta en marcha de las mesas de trabajo técnico para redactar la ordenanza reguladora del recargo del IBI a viviendas vacías.
El propósito explícito de la medida era facilitar la salida al mercado residencial de una bolsa estimada de más de 5.000 inmuebles vacíos, un dato estadístico obtenido a través de un estudio específico encargado por la entidad MUVISA a la Fundación General de la Universidad de La Laguna.
Pese a las declaraciones públicas realizadas en aquel momento, la herramienta fiscal no llegó a entrar en vigor de forma efectiva tras un periodo superior al año y medio de tramitación administrativa. Esta parálisis ha motivado que el grupo proponente haya reiterado formalmente la iniciativa en la sesión plenaria.
En este nuevo escenario administrativo, el Equipo de Gobierno ha aclarado que la institución ya dispone de las capacidades y herramientas técnicas necesarias para ejecutar la medida de forma inmediata.
Mecanismo de detección y cruce de registros
El principal obstáculo metodológico para la implantación de esta figura impositiva reside en la identificación de las viviendas desocupadas. Si bien el Instituto Nacional de Estadística (INE) aporta una estimación que sitúa el volumen en torno a las 5.000 viviendas desocupadas en el municipio de La Laguna, dicho censo carece de la precisión jurídica y analítica requerida para fundamentar la aplicación directa de una tasa impositiva municipal.
Para corregir esta carencia técnica, la moción aprobada contempla la implantación de un mecanismo de cruce de datos masivo que integrará la información del padrón municipal de habitantes, los registros del catastro y los consumos de la empresa municipal de suministro de agua, además de otros ficheros administrativos complementarios.
La combinación de estos indicadores permitirá consolidar un procedimiento de inspección propio, dotado de plenas garantías jurídicas y estrictamente verificable, un modelo de gestión que ya se encuentra operativo en otras administraciones públicas y que el consistorio lagunero ha confirmado que replicará.
Puntos clave del acuerdo para la subida del IBI
El texto final de la moción incorpora una serie de directrices de obligado cumplimiento para la administración tributaria de La Laguna:
- Plazo de tres meses: Presentación obligatoria del calendario de actuación, áreas municipales responsables y análisis de las dificultades técnicas o jurídicas vinculadas al recargo.
- Modificación de la ordenanza fiscal: Redacción de la propuesta con una definición clara de vivienda desocupada de acuerdo con los supuestos legales vigentes.
- Cruce analítico de datos: Georreferenciación, asignación de un Código de Vivienda Único y firma de un convenio de colaboración con la Dirección General del Catastro para identificar de forma específica a los tenedores de cuatro o más viviendas.
- Políticas de intermediación: Vinculación del recargo impositivo a programas públicos de alquiler social, avales a propietarios y líneas específicas de apoyo para la rehabilitación de inmuebles.
Excepciones en la normativa fiscal
La futura ordenanza fiscal del IBI detallará los motivos legalmente justificados que eximirán a los propietarios de la aplicación del recargo impositivo por desocupación.
La normativa excluirá explícitamente los traslados de residencia temporales motivados por razones laborales o de formación académica, las variaciones de domicilio derivadas de situaciones acreditadas de dependencia, motivos de salud o emergencias de carácter social.
Igualmente, el texto de la modificación protegerá legalmente las propiedades catalogadas como inmuebles destinados a un uso residencial secundario, las viviendas que formen parte de un proceso de litigio judicial activo o que se encuentren pendientes de una resolución administrativa o judicial, salvaguardando así la seguridad jurídica de los contribuyentes locales en el proceso de regularización.