El Gobierno de Canarias y el Gobierno de España han cerrado un acuerdo para que el Archipiélago reciba una compensación económica total de 23,1 millones por el impacto de las medidas anticrisis aprobadas por el Estado para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio.
El acuerdo fue anunciado ayer en la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
La cuantía total incluye los 15,3 millones ya acordados inicialmente para Canarias y otros 7,8 millones adicionales vinculados a la prórroga de las medidas durante tres meses más. Según se informó en la comparecencia, el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes una transferencia específica y extraordinaria al Gobierno regional por este importe.
La compensación a Canarias por la respuesta económica por la guerra en Oriente Medio parte del decreto del Gobierno de España del pasado marzo, que tenía vigencia hasta el 30 de junio, en el que muchas medidas estaban vinculadas a la rebaja del IVA, que no se aplica en las Islas.
Ante la protesta del Ejecutivo canario, ambas administraciones acordaron entonces una compensación de 15,3 millones, a los que la Comunidad Autónoma añadió de fondos propios otros 14,5, hasta un total de 29,8 millones, para la aplicación de medidas específicas en las Islas.
El Consejo de Ministros aprobó esta semana un nuevo real decreto que prorroga hasta septiembre parte de las ayudas para todo el país, y en esta ocasión, según explicaron Clavijo y Torres, el acuerdo con Canarias se ha cerrado con antelación y la compensación se ha fijado en 7,8 millones.
El ministro señaló que “este acuerdo es fruto del diálogo y de muchas conversaciones entre ambas administraciones. Porque el contacto es constante para los asuntos que interesan a Canarias y así se vuelve a demostrar en el día de hoy”.
En este sentido, Ángel Víctor Torres recalcó, además, que “el Gobierno de España cumple con los compromisos adquiridos con el Archipiélago y con sus singularidades”.
Mientras, el presidente regional valoró el acuerdo alcanzado y subrayó que esta compensación “garantiza una respuesta justa y equivalente para Canarias ante medidas estatales que, por nuestro régimen económico y fiscal, no tienen aplicación directa en las Islas”.
“Canarias no puede quedar en una situación de desigualdad por tener un sistema fiscal diferenciado”, afirmó Clavijo, que agradeció la voluntad del Gobierno de España para corregir esta situación.
Medidas propias
El jefe del Ejecutivo autonómico recordó que el Gobierno de Canarias ha aprobado, y prorrogado hasta el 30 de septiembre, medidas propias para contener el impacto de la crisis sobre las familias y los sectores productivos, como la aplicación temporal del tipo cero del IGIC sobre combustibles o el incremento extraordinario de la devolución parcial del impuesto sobre combustibles a agricultores y transportistas hasta el 99%.
El decreto-ley aprobado por el Gobierno de Canarias contempla también la posibilidad de suprimir o graduar estas medidas en función de la evolución de los precios del combustible en las Islas.
Creación de un órgano bilateral aeroportuario que fije la cogestión
El Gobierno de Canarias y el Gobierno de España avanzan en la creación de un Órgano Bilateral Aeroportuario. Así se ha acordado en la reunión celebrada ayer entre representantes de ambos ejecutivos, un encuentro que la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, calificó de positivo y provechoso en línea con el “espíritu” que se emprendió en la reunión de abril para lograr un documento que “satisfaga a ambas partes y permita a Canarias participar de manera efectiva en la gestión de sus aeropuertos”.
Barreto explicó que, una vez acordada la creación de un Órgano Bilateral Aeroportuario Canarias-Estado, se abre ahora un periodo de negociación técnica y política para intentar alcanzar “lo antes posible” un acuerdo definitivo.
La consejera declaró tras el encuentro que las “aportaciones” que Canarias considera “importante incorporar” a la propuesta del Estado se basan en el artículo 161 del Estatuto de Autonomía, que “permite una participación más activa” en la gestión de los aeropuertos de interés general.







