El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó ayer la ordenanza para la creación y regulación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), cuya puesta en marcha se prevé para 2029. La normativa, impuesta por el Gobierno central a ciudades con más de 50.000 habitantes, implicará restricciones al tráfico en el centro urbano, en el perímetro interior comprendido entre el barranco de Santos, las calles Méndez Núñez, San Isidro y la avenida de Anaga.
El documento final, que fue aprobado con los votos a favor del grupo de gobierno (CC y PP) y del concejal no adscrito Juan Manuel Hermoso, así como el rechazo de Vox y la abstención del PSOE, incorpora 15 de las 30 alegaciones presentadas por entidades sociales, vecinales, económicas, políticas y ciudadanos.
Un texto controvertido, que busca la materialización de la ZBE, que no estuvo exento de polémica en la sesión plenaria, pues el portavoz de Vox, Alejandro Gómez, arremetió contra la normativa por “coartar el derecho a la libre circulación de personas” y vaticinó que “los tribunales la tumbarán como ya ha ocurrido en otros municipios”, mientras que la portavoz socialista, Patricia Hernández, denunció que el nuevo documento veta permisos para la entrada a los trabajadores por cuenta ajena, pero en cambio incluye la alegación de Ashotel para que los turistas sí puedan entrar y salir sin problema”.
Pese a que tanto la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, y el portavoz del PP, Carlos Tarife, defendieron una ordenanza que “permite el acceso a todo el mundo”, el alcalde, José Manuel Bermúdez, tomó la palabra para instar a que la norma reguladora de la ZBE sea “lexa”, en aplicación y en tiempo, a fin de incluir mejoras antes de su entrada en vigor en dos años.
El regidor recordó que “el Ayuntamiento está obligado por ley a implantar la ZBE y, además, se han producido amenazas por escrito del Gobierno de España de retirarnos fondos europeos si no aprobamos la ordenanza”. Además, dijo que “Santa Cruz no tiene un problema grave de contaminación, pero sí por el ruido derivado del tráfico en el que habrá que trabajar”.
Asimismo, destacó que “los tribunales están tumbando en muchos municipios las ordenanzas porque atentan contra derechos fundamentales. En nuestro caso intentamos que no ocurra lo mismo. Por ello, si hay posibilidades de revisarla y de mejorarla de aquí a que se implante no tengo inconveniente en ello, sobre todo para atender el tema sobre la actualización de datos de emisiones o del acceso a trabajadores autónomos que ha expuesto el PSOE”.
Por otra parte, el Pleno aprobó varias modificaciones de crédito para financiar actuaciones en materia de Cultura y otras estratégicas como la mejora de los campos de fútbol de Barranco Grande y Tíncer, el nuevo plan de reasfaltado de calles o las obras para estabilizar el talud en la playa de Las Gaviotas. Una inyección superior a los 15 millones de euros que fue duramente criticada por la ex alcaldesa socialista, quien presentó una enmienda previa al inicio de la sesión para incluir la obra del campo de fútbol de Llano del Moro “prometida” por el equipo de gobierno.
El concejal de Hacienda, José Carlos Díaz-Estébanez, y el edil de Servicios Públicos, Carlos Tarife, criticaron que el PSOE “no apoye una modificación presupuestaria que permitirá importantes mejoras para la ciudad solo por un campo en concreto” y afirmaron que la partida para dicha obra se incluirá en el presupuesto de 2027.
Otros acuerdos
Otras mociones aprobadas por unanimidad se centraron en impulsar más actividades para mejorar la vida de las personas mayores, a propuesta de Vox; la defensa de la escuela infantil Anaga y la instancia al Gobierno de Canarias a crear más plazas de escolarización de 0 a 3 años; o la de promover una capital más segura para las mujeres, ambas impulsadas por el PSOE. Igualmente, salió adelante la concesión de distinciones al poeta y arquitecto Joan Margarit Consarnau, a quien se dará nombre a un paseo en el parque García Sanabria.
Por contra se rechazó una red municipal de refugios climáticos, al considerar el equipo de gobierno que ya se están llevando a cabo numerosas acciones al respecto; y tampoco logró respaldo el impulso de la programación cultural tras el cierre del Teatro Guimerá por obras.
Otro punto polémico lo centró el PSOE al cuestionar al grupo de gobierno por la resolución del Ministerio de Memoria Democrática para retirar, en seis meses, el monumento a Franco. El portavoz de CC, José Carlos Díaz-Estébanez, dijo que “se cumplirá con la ley en los términos de la propia ley” y criticó que los socialistas usen el “Francomodín para evadir sus propios problemas”.
El Ayuntamiento insta al Gobierno central a no frenar la obra en Benijo
El Pleno aprobó ayer, por la vía de urgencia, una moción en rechazo al informe emitido por la Dirección General de Costas del Gobierno de España, en contraposición al aprobado por Costas del Ejecutivo regional, que obliga a paralizar las obras para recuperar la playa de Benijo, en el litoral de Anaga, zona cerrada en 2024 por riesgo de desprendimientos.
El portavoz del PP y edil de Servicios Públicos, Carlos Tarife, presentó la moción declarativa en la que se insta al Estado a rectificar el informe y a no frenar una actuación “importante” para recuperar una de las mejores playas de la Isla. Pese al revuelo en las bancadas, al no tener tiempo de estudiar la propuesta, finalmente se logró el apoyo de los grupos, aunque con la curiosa división de Vox, en la que sus dos concejales votaron a favor y en contra.
El Ayuntamiento llevaba dos años trabajando en el proyecto para dotar de seguridad la playa, y logró 2,15 millones de financiación del Gobierno regional para acometer una obra de emergencia.
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