El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, aseguró ayer que “no tiene sentido” que el Ministerio de Memoria Democrática, presidido por Ángel Víctor Torres, dé solo seis meses al Consistorio para retirar del espacio público el monumento a la Victoria o del Ángel, más conocido como monumento a Franco.
“Si se firmara hoy esa orden y se cumpliera con la resolución que acaba de dictar el Gobierno de España, mínimo tardaríamos casi un año y medio en poder empezar a hacer algo allí, pues no hay expediente administrativo que en solo medio año tenga aprobado y adjudicado un proyecto, cuando legalmente no se puede ejecutar una obra sin licitar”, aseveró.
Tarife respondió así a la resolución anunciada el martes por el Ministerio en la que se ordena al Ayuntamiento, como titular de la escultura, a retirar, en medio año, la obra de Juan de Ávalos de su actual ubicación en la avenida de Anaga. Una decisión que responde a que el Estado ha incorporado dicho monumento en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y que también se avala en que el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias ha rechazado la declaración del mismo como Bien de Interés General (BIC).
El concejal de Servicios Públicos y portavoz municipal del PP criticó “la fijación del ministro Torres con Santa Cruz, pues siendo presidente de Canarias aprobó la ley de Memoria Democrática, en la que se obliga al Ejecutivo a elaborar un catálogo regional de vestigios y a contar con una estrategia que hay que presentar al Parlamento para empezar a quitar supuestos elementos franquistas”.
“Torres no ha esperado ni a que el Gobierno de Canarias concluya este catálogo, que además abarca todos los municipios, y no como el que quiso hacer en su día solo para Santa Cruz, que fue tumbado por la Justicia. Por ello, pedimos que espere por este documento en trámite, que se prevé concluir a finales de año”, manifestó Tarife.
En cuanto a la resolución del Ministerio de Memoria Democrática, que aparte de obligar a retirar el polémico monumento, también insta al Ayuntamiento capitalino a guardarlo en un depósito sin ser expuesto al público, Tarife se cuestionó que “si la obra no va a estar protegida, por qué entonces se ordena su custodia. Son muchas cuestiones en el aire y, por ello, a lo largo de esta semana vamos a celebrar una reunión interna en el Consistorio donde analizaremos el escrito, que ahora estudian los servicios jurídicos y, tras lo que, anunciaremos acciones”.
Respuesta jurídica
Por su parte, la asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, defensora del monumento que, el propio Ávalos denominó a la Paz de Tenerife, anunció que “estamos valorando respuestas jurídicas, tanto a la resolución dictada por el Ministerio en la que ordena su retirada, como a la del Gobierno de Canarias respecto a la protección legal de la obra. Cuando se conozca oficialmente la resolución del expediente sobre la declaración o no como BIC anunciaremos las actuaciones a llevar a cabo”, afirmó el presidente de la entidad, Luis Sosa-Tolosa.
Mientras, desde la asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, contraria a la permanencia del monumento en su actual enclave, celebraron con “profunda emoción y firmeza la decisión del Ministerio de reclamar formalmente la retirada de la obra. Este paso no es solo el cumplimiento estricto de la ley, sino, por encima de todo, es un acto de justicia, dignidad y respeto hacia las víctimas de la dictadura y sus familias, quienes han esperado décadas para ver sus derechos restituidos”.
La entidad, presidida por Mercedes Pérez Schwartz, añadió que “un espacio democrático no puede albergar monumentos que exalten el fascismo ni la violencia que fracturó a nuestra sociedad. Por ello, seguiremos vigilantes para que la resolución se ejecute sin más dilaciones. La verdad, la justicia y la reparación no pueden esperar más”, subrayó.
Ruano: “El expediente del monumento corresponde en exclusiva a Santa Cruz”
El Cabildo señaló ayer que el Ministerio de Memoria Democrática, más allá de instar a la retirada del monumento a Franco, no puede asumir el expediente correspondiente, que compete al Ayuntamiento capitalino. El vicepresidente segundo, José Miguel Ruano, indicó que “ya no se sabe” cuándo Ángel Víctor Torres actúa como ministro y cuándo como secretario general del PSOE canario. Ahora corresponde al Consistorio municipal determinar si tiene algún valor patrimonial local o espera a que el Gobierno regional apruebe el catálogo de vestigios franquistas, dijo.
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