La declaración de Gabriel Megías desapareció antes de llegar al portal de Transparencia

Gabriel Megías Martínez, viceconsejero de Hacienda y Relaciones con la UE, presentó fuera de plazo y sin justificación añadida, su declaración de actividades el 15 de febrero de 2024 por su toma de posesión del 17 de julio de 2023. El trámite quedó registrado, firmado y sellado electrónicamente por la propia Administración. Y a partir de ahí, silencio: ese documento jamás llegó a incorporarse a la ficha pública del viceconsejero en el Portal de Transparencia, que a día de hoy sigue afirmando que Megías no ejerce “ninguna” actividad privada. ¿Por qué un documento que existe, que está firmado y que la Administración certificó, no llegó nunca al lugar donde debía hacerse público? Esa es la pregunta que este periódico ha trasladado al Registro de Intereses de Altos Cargos, sin que hasta el momento haya obtenido respuesta.

Medio documento público, medio documento desaparecido

Lo más llamativo es que no todo el trámite corrió la misma suerte. La declaración de bienes patrimoniales de Megías, tramitada el mismo día, sí es pública: cualquiera puede descargarla desde el organigrama oficial del Gobierno de Canarias, con el detalle de sus propiedades, sus cuentas y sus participaciones. La declaración de actividades -la que dice de qué empresas es consejero, y por tanto la que permite valorar si su cargo público es compatible con ellas- no está en ningún sitio accesible al público. Dos documentos gemelos, presentados el mismo día ante el mismo Registro: uno se publicó, el otro se esfumó. Nadie en la Consejería de Hacienda ni en el Registro de Intereses ha explicado por qué. Ayer la consejera de Hacienda, Matilde Asián, tras cuatros días de sospechoso silencio, se descolgó con la originalidad de señalar a los responsables del referido registro de altos cargos como culpables de la anomalía.

Ni un euro de honorarios que verificar

El documento sí detalla las empresas: consejero de Andrés Megías Mendoza, S.A. (Arucas, sector alimentario, la matriz de la chocolatera familiar La Isleña), de Inversiones y Gestiones Turísticas, S.A. (San Bartolomé de Tirajana, explotación turística, la sociedad de la cadena hotelera Cordial) y de Flomar 2000, S.L. (Madrid, promoción inmobiliaria). Lo que no detalla, es si cobra por ello. En el bloque de sus nueve cargos en empresas y organismos públicos -ITC, Asista Canarias, Sociedad de Garantías y Avales de Canarias, Proexca, la Fundación Canaria para la Acción Exterior, entre otros-, el formulario sí exige marcar “Remuneración: Sí/No”, y Megías marcó “No” en los nueve. En el bloque de sus tres empresas privadas, esa casilla, sencillamente, no existe. El único dato que de verdad interesa para valorar el conflicto de intereses con La Isleña y el arancel del AIEM -si Megías percibe honorarios de la empresa que su propia resolución tributaria beneficia- es, por diseño del formulario, el único que nadie le pregunta, ni siquiera su propia jefa, la consejera Asián, o su jefe de filas, Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias.

Cuatro meses de demora

El artículo 9 de la Ley 3/1997 da tres meses desde la toma de posesión para presentar esta declaración. El plazo de Megías vencía en torno al 21 de octubre de 2023. La firmó el 15 de febrero de 2024: cuatro meses tarde. Ni la Consejería de Hacienda ni el Registro de Intereses han explicado el motivo del retraso, ni si se le requirió en algún momento para que la presentara, como faculta el artículo 10 de la propia Ley.

Este periódico reveló primero que Megías firmó, el 3 de agosto, la resolución vinculante que obliga a los hoteles de toda Canarias a pagar el AIEM por los bombones y chocolatinas de bienvenida que no proceden de producción canaria, un criterio que beneficia directamente a La Isleña, la chocolatera familiar en la que él mismo es consejero. Después documentamos que también ocupa un asiento en la matriz de la cadena hotelera Cordial. Más tarde supimos que una sociedad vinculada a Megías, Ingestursa, recibió casi 300.000 euros de fondos europeos de una Consejería de Turismo gobernada por su mismo partido. Y en la edición de ayer, en un editorial titulado El silencio de los corderos, este periódico exigió una explicación pública que sigue sin llegar. El documento al que hoy hacemos referencia confirma que Megías cumplió, tarde, con declarar sus empresas. Y traslada la pregunta pendiente a quien tenía la obligación de fiscalizar esa declaración y no lo hizo.

Lo que la Ley exige al Registro

El artículo 10 de la Ley 3/1997 no permite al Registro de Intereses limitarse a archivar lo que le presentan. Le atribuye expresamente la función de calificar cada declaración y de requerir la subsanación de los defectos que detecte. Una declaración que revela tres consejos de administración privados -uno en una empresa directamente beneficiada por una decisión tributaria del propio declarante- es, como mínimo, un supuesto que exige esa calificación expresa: determinar si esa actividad es compatible con la dedicación absoluta que impone el artículo 3, y si la falta de información sobre honorarios debía subsanarse antes de dar el trámite por bueno. No consta que nada de esto ocurriera. Y el propio régimen sancionador de la Ley califica como infracción grave el incumplimiento del principio de dedicación absoluta -muy grave si se acredita perjuicio a la Comunidad Autónoma-, lo que da una idea de la magnitud de lo que el Registro dejó sin resolver.

PSOE:“máxima gravedad”

El PSOE canario, que ya calificó el caso de “máxima gravedad” y exigió explicaciones al PP y al vicepresidente Manuel Domínguez, tiene ahora un elemento más que sumar a su ofensiva: no se trata solo de que Megías tardara en declarar, sino de que la propia Administración, una vez recibida la declaración, la dejara caer en un limbo administrativo sin calificarla ni publicarla. Si la transparencia y la ejemplaridad no admiten excepciones, como reclamaban los socialistas, tampoco deberían admitir silencios de más de dos años sobre un documento que ya estaba firmado y sobre la mesa de la propia Administración.

Lo que resulta extraño

Hay demasiadas piezas que no encajan. Una declaración presentada con cuatro meses de retraso. Un formulario que, casualmente, no permite conocer si el viceconsejero cobra de las tres empresas privadas más comprometedoras de todo el expediente. Una declaración de bienes que se publica con normalidad y una declaración de actividades gemela, del mismo día, que desaparece antes de llegar al Portal de Transparencia. Y una Administración -Hacienda, Registro de Intereses, Vicepresidencia- que lleva cuatro días guardando silencio ante las preguntas de este periódico. Cada pieza, aislada, podría explicarse como un fallo administrativo. Juntas, dibujan un patrón que exige una explicación pública, no un nuevo silencio.

Este periódico ha reclamado al Registro de Intereses de Altos Cargos que aclare, con nombres y fechas, quién tuvo esta declaración sobre la mesa, qué hizo con ella y por qué decidió -o permitió- que nunca llegara a los canarios que pagan el sueldo de Gabriel Megías. Esperamos respuesta. Aunque quizá hayamos elegido mal el momento. Larra escribió hace casi dos siglos aquello de “Vuelva usted mañana”. En la Canarias administrativa de agosto hemos conseguido actualizar el clásico: “Vuelva usted en septiembre. Es agosto y estamos todos de vacaciones”.