El Cabildo de Tenerife ha abierto una investigación para esclarecer el derrame registrado en las instalaciones de Punta Brava, en Puerto de la Cruz, y determinar las posibles responsabilidades. El expediente afecta a Aqualia, responsable de la operación y mantenimiento de la planta, mientras continúa sin aclararse si el producto llegó a la red de pluviales y, eventualmente, al mar.
El procedimiento ha sido iniciado por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIAT), que ha requerido a la empresa toda la información relacionada con el incidente, las medidas adoptadas y el cumplimiento de los protocolos de seguridad, mantenimiento y protección ambiental.
La Corporación insular reclama que se determine “con celeridad” el origen del derrame, la cantidad de producto liberada, las circunstancias en las que se produjo y cuál pudo ser su destino.
Se investiga si el derrame pudo llegar al mar
Uno de los principales aspectos que deberá resolver la investigación es si el producto salió de las instalaciones.
El propio Cabildo reconoce que en estos momentos existen versiones contradictorias sobre si alcanzó la red de pluviales y posteriormente el mar. Por este motivo, el Consejo Insular de Aguas asegura que no anticipará conclusiones hasta conocer los resultados de las inspecciones, muestras y diligencias realizadas por los organismos competentes.
La apertura de esta investigación se ampara en el artículo 17 del Reglamento Sancionador en Materia de Aguas. Este precepto permite a los consejos insulares realizar una información reservada, entre otros supuestos, cuando sea necesario evaluar provisionalmente los daños o precisar circunstancias imprescindibles antes de iniciar un expediente.
El Cabildo considera especialmente grave cualquier incidente que pueda comprometer la seguridad de unas instalaciones de estas características o provocar consecuencias sobre el medio ambiente.
Policía Local y Seprona investigan lo ocurrido en Punta Brava
La Policía Local de Puerto de la Cruz ha realizado una inspección de las instalaciones, mientras que efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil también se han personado para investigar las circunstancias del incidente.
Paralelamente, el Consejo Insular de Aguas mantendrá abierto su expediente hasta determinar qué ocurrió, si se respetaron los protocolos previstos y si existen responsabilidades por parte de la empresa encargada de la instalación.
Entre las líneas que se están analizando aparece también la posibilidad de que la rotura de la conducción fuese intencionada.
Según explica el Cabildo en su comunicado, Aqualia ha planteado la hipótesis de un posible sabotaje, una posibilidad recogida previamente por medios de comunicación. La Corporación insular insiste, sin embargo, en que no descarta ninguna línea ni dará por válida ninguna conclusión mientras continúe la investigación.
Información difundida este domingo por RTVC y EFE cifró el derrame en unos 1.000 litros de una mezcla formada por un 75% de agua y un 25% de cloruro férrico y señaló que Aqualia había comunicado la existencia de indicios compatibles con una posible intervención externa. Estos datos deberán quedar concretados dentro de las investigaciones abiertas.
El Cabildo advierte de posibles responsabilidades
El Cabildo recuerda que corresponde a Aqualia garantizar el funcionamiento seguro de las instalaciones y cumplir las obligaciones asociadas a su explotación.
Si la investigación acredita algún incumplimiento, la institución insular asegura que exigirá las responsabilidades que correspondan, además de las medidas correctoras y preventivas necesarias.
El Consejo Insular de Aguas continuará recopilando documentación y colaborará con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para determinar el origen, alcance y posibles consecuencias del derrame de Punta Brava.