El portavoz municipal y secretario general del PSOE de Puerto de la Cruz, Marco González, exige al Gobierno municipal que se persone en la causa judicial abierta a raíz del vertido registrado en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) comarcal del Valle de La Orotava, ubicada en Punta Brava, con el objetivo de defender los intereses del municipio y garantizar que se esclarezcan los hechos y se depuren todas las responsabilidades. Según la información publicada, el incidente habría supuesto el derrame de aproximadamente mil litros de cloruro férrico, una parte de los cuales podría haber alcanzado el desagüe de pluviales.
El Cabildo de Tenerife, entidad pública responsable de la gestión de la instalación, ha anunciado su intención de acudir a la autoridad judicial para investigar lo ocurrido, determinar cómo se produjo la rotura de la conducción y comprobar si se aplicaron correctamente los protocolos de seguridad. “Espero que al alcalde no le tiemble el pulso a la hora de defender los intereses de Puerto de la Cruz ante unos hechos graves que afectan directamente a nuestro municipio, a su entorno natural y a la seguridad de una infraestructura esencial”, señala Marco González.
El portavoz socialista recuerda que ya exigió el pasado lunes, durante el pleno municipal, que el Ayuntamiento se posicionara públicamente, alzara la voz y reclamara al Cabildo toda la información disponible. Sin embargo, hasta el momento, los canales informativos municipales permanecen en silencio, sin trasladar a la ciudadanía una explicación clara sobre lo sucedido ni sobre las actuaciones que está llevando a cabo tanto la Administración insular como el propio Ayuntamiento.
Marco González recuerda que, durante el pleno municipal del pasado lunes, exigió al Ayuntamiento que no limite sus gestiones al Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) y a Salud Pública, sino que se dirija también a la Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería de Transición Ecológica para que se pronuncie sobre el vertido registrado en la EDAR comarcal de Punta Brava. “La Dirección General de Calidad Ambiental tiene competencias en materia de inspección ambiental, vigilancia de los vertidos y, en su caso, en la apertura de los correspondientes expedientes sancionadores.
Por eso, el Ayuntamiento debe solicitar formalmente su intervención y conocer qué actuaciones va a poner en marcha ante unos hechos de esta gravedad”, señala el portavoz municipal y secretario general del PSOE. “El Ayuntamiento tiene la obligación de informar a sus vecinos y vecinas, reclamar explicaciones y defender los intereses de la ciudad.
No puede limitarse a observar desde la distancia mientras otras administraciones y colectivos ciudadanos actúan”, afirma el portavoz y secretario general del PSOE. Falta de compromiso del Gobierno municipal Marco González considera especialmente preocupante la falta de iniciativa del concejal de Medio Ambiente y primer teniente de alcalde, David Hernández, de ACP, quien “ni siquiera ha mostrado interés público” por un asunto que afecta a un espacio tan sensible como el entorno de Punta Brava y Playa Jardín.
“La actitud del responsable de Medio Ambiente evidencia la falta de compromiso y de liderazgo ambiental de este Gobierno municipal. No estamos ante un asunto menor ni ante una incidencia administrativa más: estamos hablando de un vertido en una instalación de tratamiento de aguas residuales, que debe investigarse hasta el final”, subraya González. Apoyo a Stop Vertidos Marco González traslada también su apoyo y reconocimiento a la labor desarrollada por la plataforma vecinal Stop Vertidos, que puso los hechos en conocimiento de la Policía Local y del Seprona de la Guardia Civil y ha colaborado aportando audios y vídeos para contribuir al esclarecimiento del incidente.
“Stop Vertidos está demostrando que la ciudadanía organizada no se resigna, que vigila y que defiende su entorno cuando las administraciones no están a la altura. Para el PSOE, esta plataforma es un ejemplo de lucha, responsabilidad y dignidad de la vecindad portuense”, afirma. “El Ayuntamiento debe ponerse en su sitio y asumir el papel que le corresponde como institución representativa de Puerto de la Cruz. El municipio necesita un Gobierno que defienda sus intereses, que sea exigente con el Cabildo y con la empresa operadora y que no permanezca callado ante hechos que pueden tener consecuencias ambientales y para la seguridad de la ciudadanía”, concluye Marco González.