El Congreso de los Diputados ha convalidado hoy el Real Decreto-ley 23/2026, de 8 de septiembre, que incorpora nuevas medidas fiscales y financieras urgentes destinadas a contribuir a la reconstrucción económica y social de La Palma, así como a favorecer la ejecución de inversiones por parte de las comunidades autónomas con superávits presupuestarios y excesos de financiación pendientes de aplicación. Esta última medida significará más de 600 millones de euros que podrá utilizar el Gobierno de Canarias para inversiones sostenibles.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha sido el encargado de presentar el RDL, ya que el Comisionado de La Palma depende del departamento que dirige. En su intervención, ha destacado medidas como la reducción del 60% del IRPF para los residentes de La Palma, correspondiente al ejercicio 2026, que da continuidad a las medidas adoptadas para los ejercicios anteriores y que forma parte de los acuerdos de la Agenda Canaria. “La convalidación permitirá que esta reducción se refleje de manera inmediata en las nóminas de los palmeros y palmeras”, ha señalado.
100 millones para el sector primario de La Palma
Además, el Real Decreto-ley habilita 100 millones de euros de los excesos de financiación o superávit del Gobierno de Canarias correspondientes a 2025 para destinarlos al sector primario, para los agricultores y ganaderos afectados por las consecuencias de la erupción volcánica.
Estos recursos permitirán compensar las mermas de producción de los ejercicios 2024, 2025 y 2026, así como financiar actuaciones de reconstrucción de infraestructuras agrarias como cuartos de aperos, cuadras, infraestructuras hidráulicas, empaquetados de plátanos, almacenes agrícolas y fincas agrarias, entre otras actuaciones. La norma establece además que estos 100 millones no tendrán consecuencias a efectos del cumplimiento de la regla de gasto, y que serán ampliables, en caso de que sea necesario.
El paquete de apoyo se completa con una nueva moratoria para agricultores de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte que habían solicitado préstamos, así como con medidas relativas a las prestaciones extraordinarias por cese de actividad de los autónomos. Entre ellas, no computar las subvenciones del POSEI para determinar los rendimientos netos computables y actualizar determinados ingresos, tomando como referencia el año 2020, en lugar de 2019.
33 millones adicionales para convenios con La Palma
El ministro ha informado, asimismo, de la aprobación, ayer, en el Consejo de Ministros, de la generación de 33 millones de euros de crédito para los convenios vigentes con el Cabildo de La Palma y con los ayuntamientos que han trasladado correctamente la solicitud de modificación de sus obras.
Esta cantidad se suma al 50% de los convenios -que ya ha sido trasladado en su totalidad- y permitirá continuar avanzando en los proyectos de reconstrucción. Además, está prevista una nueva Comisión Mixta en los próximos días para seguir trabajando en estas actuaciones.
Casi 4.000 millones para inversiones de las CCAA
Por otro lado, el segundo gran bloque de medidas del Real Decreto-ley afecta a las comunidades autónomas. La norma permite utilizar el superávit presupuestario de 2025 para financiar inversiones sostenibles en 2026 y 2027, incluyendo políticas como la vivienda.
Las comunidades autónomas cuya deuda sobre el PIB sea inferior al 12,4%, a cierre de 2025, podrán destinar superávits presupuestarios de ejercicios anteriores a inversiones, en lugar de destinarlos a reducir deuda, y estas inversiones no computarán a efectos del cumplimiento de la regla de gasto.
Las comunidades beneficiarias son Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Illes Balears, Cantabria y Galicia. En conjunto, estas medidas permitirán movilizar cerca de 4.000 millones de euros para inversiones en sus territorios.
Más recursos y apoyo a la financiación autonómica
Durante su intervención, Torres ha contextualizado también el Real Decreto-ley, dentro del apoyo del Gobierno a la suficiencia financiera de las comunidades autónomas.
Entre las cifras destacadas, figuran los 30.000 millones de euros de fondos Covid que no tuvieron que ser devueltos, la asunción por el Estado de 4.000 millones de euros de liquidaciones negativas, y la transferencia de 40.175 millones de euros entre 2019 y 2025, a través de conferencias sectoriales.
Asimismo, ha señalado la tramitación del proyecto de ley de quita de deuda, mediante el que el Gobierno plantea asumir más de 83.000 millones de euros de deuda acumulada por las comunidades autónomas, lo que permitiría reducir en los próximos años el pago de intereses en unos 6.000 millones de euros.
“El nuevo modelo de financiación autonómica aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera contempla 21.000 millones de euros adicionales para las comunidades autónomas, una reducción de las diferencias de financiación per cápita y un incremento de la corresponsabilidad fiscal”, ha explicado el ministro, que ha concluido su intervención mostrando el “compromiso del Gobierno con la reconstrucción de La Palma, la financiación autonómica, el Estado de las Autonomías y el Estado del Bienestar”.